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La semana que viene, el Ejecutivo se reunirá con los judiciales en una mediación de la Iglesia Católica que parece destinada al fracaso. En Casa de Gobierno vaticinan meses de alta conflictividad social.

"No hay plata y los gremios vienen por más", advirtió el ministro de Gobierno

Por Juan Manuel Porolli y Javier Polvani

Poca plata y mucho ruido. En los próximos seis meses al menos, estas dos variables dominarán el escenario en el que los empleados del Estado, representados por sus sindicatos, y el Gobierno discuten los salarios de la Administración Pública.

Sobre ese pronóstico, el Ejecutivo se prepara para contener una escalada del nivel de conflictividad en los próximos meses con un plan que no contempla ningún tipo de concesión salarial. Con el 20% de suba que les dio por decreto a los judiciales, Francisco Pérez cerró la posibilidad de negociar aumentos sueldos del Estado hasta el año que viene, dijo.

El mandatario esgrimió que las cuentas provinciales no están en condiciones de cubrir otro aumento a los empleados durante este año. “Lo que queda de 2012 y el principio del año que viene, van a ser meses de alta conflictividad gremial porque no hay plata, y ellos vienen por más”, analizó el Ministro de Gobierno, Félix González, a pocos días del fracaso de la paritaria de los empleados de la Justicia, la última negociación del año del ámbito público.

El gremio, liderado por Carlos Ordóñez, rechazó el porcentaje de aumento decretado por Pérez y repudió la decisión unilateral del Gobierno de dar por caída la discusión paritaria e imponer el porcentaje de incremento por decreto. La salida elegida por Pérez significó una mejora inmediata del 20% en los salarios de los empleados judiciales pero no sirvió para frenar el plan de lucha, sino más bien provocó el efecto contrario.

Con la paritaria cerrada, la próxima instancia propicia para el diálogo entre las partes fue convocada por la Iglesia Católica para el 23 de julio. Ni el gremio ni el Gobierno esperan que de esa cita salga un acuerdo definitivo,

El cónclave motorizado por el obispo de Mendoza, José María Arancibia, nació herido de muerte. No bien fueron convocadas la partes, el Gobierno aceptó concurrir pero advirtió de entrada que no dispondrá más plata ni para los judiciales ni para nadie de la administración pública.

Pero los problemas de Paco no terminan con Ordóñez y sus representados. Los docentes también tienen un plan de lucha votado por la asamblea. Ya hicieron un paro y tienen previsto otro para después del receso invernal.

El SUTE, que hasta no hace mucho fue aliado fiel del Gobierno, representa una de las mayores preocupaciones para el Ejecutivo. Los motivos son variados. Es el gremio más grande del Estado, hasta ahora estuvo quieto y en silencio, lejos de Raquel Blas, líder de ATE, Isabel Del Pópolo, de AMPROS, y Ordóñez, las cabezas del frente de gremios estatales. El SUTE fue parte hasta que se abrió para alinearse con Néstor Kirchner, una decisión que debilitó al frente estatal.

Pero también hay causas coyunturales que complejizan la actuación del Gobierno. La magnitud y el tono del plan de lucha responden más al mandato de las bases que a una estrategia craneada por la cúpula del SUTE, encabezada por Javier Guevara. En marzo, con un paro y una movilización contundente de los docentes, quedó en evidencia que la alianza del gremio con el oficialismo estaba en crisis.

Tras la jornada de protesta, los funcionarios del Ejecutivo abocados a las cuestiones sindicales leyeron que el problema no terminaba en Guevara y la conducción. Notaron que los docentes desde las escuelas influyeron de forma decisiva para que el gremio convocara al primer paro, tras cuatro años de honrar la sociedad con la Casa de Gobierno con la abstención a la protesta.

Aquel paro logró el objetivo: el Gobierno abandonó la intransigencia y agrandó la partida salarial todo lo necesario para satisfacer las exigencias de los trabajadores. El Ejecutivo perdió en la negociación salarial, pero con la evaluación general del conflicto en la mano consideró que era más bajo el costo de flaquear en el arreglo de los sueldos que el de la continuidad del un plan de lucha que tenía fuerte consenso entre los docentes.

Tres meses duró la calma conseguida con el aumento salarial de marzo. Antes del receso invernal, el SUTE volvió a parar y a marchar a la Casa de Gobierno. El 24 de julio está prevista la próxima marcha de los docentes y cuando se reinicie el ciclo escolar habrá un paro.

El último frente que se le abrió al gobierno tiene a las combativas Blas y Del Pópolo como cabeza de una pelea contra el cobro del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia. Las dirigentes de los gremios ATE y AMPROS comandaron la negociación en el ámbito de la Salud y cerraron el porcentaje de incremento más alto del sector estatal este año.

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