No son chatarra y a pesar de que podrían prestar gran utilidad, no pueden ser utilizadas. El Estado no es el dueño como para disponer de ellas y sus propietarios las abandonan allí, luego que les fueron secuestradas, la mayoría de las veces porque están impedidos económicamente para rescatarlas.
Ese es el dilema que se plantea hoy con más de 1.000 motos incautadas en Luján por la Policía Vial a raíz de haber protagonizado infracciones graves o problemas de papeles.
Como ocurre desde hace más de 30 años con la ya famosísima playa San Agustín, con sus automóviles y motos aperchados, cual desarmadero de un set de cine para películas de acción, en la Dirección Vial de Luján también comenzaron a amontonarse las motos y claro está, no saben qué hacer con ellas.
Por eso, dos concejales peronistas que están estrenando la banca, Eduardo Pérez y José Naranjo, se reunieron este sábado con el director de la Vial lujanina, Erwin Cersósimo, para encontrarle una solución a la problemática.
Ambos ediles tras el encuentro decidieron trabajar para formar una comisión que encuentre una salida para el problema de las motos. Pero además reclamaron públicamente a la Provincia y a la Legislatura que se sancione una ley provincial que le permita a la comuna enviar a remate los vehículos.
El asunto plantea un problema complejo porque, aunque los rodados sigan allí secuestrados porque no levantan la multa para recuperarlos, los propietarios siguen siendo sus dueños. El resultado es en definitiva que van sumándose motos como el milagro de los panes sin que después de aplicar la sanción el Municipio pueda hacer algo con ellas.
El concejal José Naranjo señaló a Diario UNO: “El problema que tenemos es que la playa de secuestros está saturada y cuando se vencen los plazos de retiro, no hay una legislación que diga qué se hace con esos vehículos”.
El edil manifestó: “Así pasa el tiempo, van quedando, van quedando, la gente no las retira, no pagan las multas y así se van sumando, y se va complicando todo”.
En ese sentido Naranjo alertó: “Estamos en la misma problemática que tiene el Gobierno provincial, ya no tenemos lugar y al final queda un vacío porque no las retiran y el Estado no puede disponer de ellas”.
El concejal indicó: “Nos reunimos con los jueces viales de Luján para buscarle una solución, pero lo que hace falta es una ley provincial”.
