La lucha contra la trata de personas debería ser universal. Nadie puede estar a favor del sometimiento de un ser humano sea para la explotación sexual, laboral o lo que fuere. Y si hay alguien que no repudia, no cuestiona o mira para otro lado cuando de trata se trata, es porque seguramente está involucrado.
Se ha avanzado mucho. En casi todos los países, los gobiernos están llevando adelante una cruzada para desterrar esta actividad demoníaca en la que muchas veces aparecen envueltos policías, funcionarios o autoridades de esos mismos gobiernos que investigan y actúan contra este flagelo.
En Argentina hay una movida muy interesante de la que Mendoza no es ajena. La campaña oficial es fuerte y con muchos actores comprometidos, porque esta no es una tarea solamente de quienes gobiernan. Innumerable cantidad de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones, instituciones, etcétera, toman parte en esta lucha y no se excluye –por supuesto– a quienes tienen responsabilidades políticas desde la oposición. En realidad, lo difícil sería encontrar a alguien que no esté de acuerdo con el combate a la trata.
Uno de los avances, grandes, se ha dado precisamente sobre el concepto o término “trata”. Antes se decía “trata de blancas” porque se limitaba sólo a las mujeres blancas, mientras que el resto no era ni tenido en cuenta. Mujeres de otra raza o color de piel y niños podían ser víctimas del cautiverio, el secuestro y la explotación y no pasaba nada.
Hoy se le da pelea directamente a la trata. Aquí vemos todos los días avisos en los diarios y en la TV y los escuchamos en las radios.
En este contexto, la Municipalidad de Mendoza ha sumado una resolución prohibiendo el funcionamiento de los prostíbulos en su ámbito. Está bien, porque es una forma más de tratar de erradicar la explotación sexual de mujeres. Pero hay un pero.
La disposición de la comuna que comanda Víctor Fayad ha generado alguna resistencia de quienes tendrían que tener una amplia participación en cualquier tema que las afecte: las trabajadoras sexuales. Ellas se diferencian de quienes son obligadas a prostituirse y para ello están agrupadas en un gremio, el de las meretrices.
Atender las preocupaciones de ellas es fundamental. Prohibirlas no es justo. Quizás es una buena oportunidad para que quienes venden su cuerpo libremente actúen dentro de la legalidad. Eso permitiría también dejarles menos margen de acción a los proxenetas o cafishos que así no tendrían de qué “protegerlas”.
En la misma sintonía se podría inscribir la polémica sobre el consumo de marihuana. Su legalización permitiría no criminalizar a quienes sólo la consumen y no se dedican a la venta ni son traficantes.
