Los pasivos ambientales son uno de los frenos para la extracción de uranio en el Sur

Esa tarea deberá estar a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que ya recibió varias sentencias en su contra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que presiona para establecer una solución sincronizada. Esto es sanear los pasivos ambientales al mismo tiempo que se procede a la explotación.

Empujado por el Gobierno nacional, que persigue la explotación de uranio en todo el país, Pérez habló el lunes en una reunión con el radicalismo, en la que se discutió el futuro de YPF en Mendoza y la creación de la empresa de energía, de la posibilidad de la reapertura de Sierra Pintada y recibió el visto bueno de ese sector de la oposición salvo por dos puntos: que se respete la ley 7.722 y que la Nación, finalmente, se ocupe de remediar los pasivos que descansan a sólo 25 kilómetros de San Rafael desde hace más de 15 años. Esto fue lo que planteó la Multisectorial del Sur en 2005 en una presentación judicial.

Cristina Fernández le vuelve a poner ahora especial atención a la mina: se calcula que Sierra Pintada es el tercer yacimiento a nivel mundial, con reservas por 100 años que podrían abastecer, no sólo a las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), sino que transformarían, además, a Argentina en uno de los principales exportadores del elemento.

En 2002, la libra (medio kilo) de uranio costaba en el mercado internacional 6 dólares, hoy se paga por lo mismo 48 dólares y continúa siendo un buen negocio a pesar de que en el último año y medio se cerraron decenas de centrales nucleares alrededor de todo el mundo. El uranio se utiliza en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites y además, en los tomógrafos.

El plan de Pérez para rehabilitar Sierra Pintada, contempla varios puntos. Pero a medida que trascendieron detalles, se supo que serán difícil de llevar adelante. Uno de ellos es demostrar que la extracción de uranio se puede hacer, según métodos modernos, sin pasar por alto a la ley 7.722. En ese sentido Pérez mencionó ante la UCR que existe un método que se está experimentando en México y que, a través de electricidad, logran hacer el proceso biodegradable y sin utilizar sistemas de lixiviación con elementos tales como el ácido sulfúrico.

La estrategia oficial

Los especialistas coinciden en que hoy casi en ningún lugar del mundo se llevan a cabo procesos de lixiviación sin utilizar ácido sulfúrico, sustancia prohibida aquí por ley .

Y el otro aspecto: Pérez dice tener hablado con la Presidenta una posible modificación del Código de Minería nacional para que el uranio, que figura como mineral, sea considerado un combustible. De esta forma, considera el gobernador, que le podría dar el mismo trato que al petróleo. La jugada fue criticada en ámbitos jurídicos y políticos. El diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) dijo al respecto que “el gobernador juega con las palabras para no cumplir con la ley”.

Y agregó: “La palabra combustible hace referencia a una de las características del uranio que es que puede arder, incluso, en este caso, producir energía calórica. Sin embargo, Pérez está intentando jugar con las palabras para obviar que la explotación del recurso se hace mediante la minería, ya que el uranio debe ser extraído a partir de minerales que lo contienen. De hecho el uranio es combustible no a secas sino un combustible nuclear”.