Se trata del 15% de la coparticipación que es retenida por la Nación para atender cuestiones previsionales. Así se acordó entre el gobierno central y los provinciales en 1992 y se prorrogó en 2010. Los fondos cedidos son similares al déficit
Por Javier Polvani
Los senadores radicales le pidieron a Paco Pérez que instruya a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Gobierno a demandar judicialmente la inconstitucionalidad del decreto presidencia que prorrogó el descuento del 15% de la coparticipación atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios. Se trata de un aporte que los gobernadores cedieron a la Nación en 1992 y aceptaron prorrogar en 2010.
Por efecto de ese decreto Mendoza dejó de percibir en 2011 unos $1.035 millones, mientras que en los dos primeros meses del año en curso a la provincia le descontaron $236 millones por este ítem. Los radicales le pidieron a Pérez que intime a Joaquín de Rosas, fiscal de Estado, y César Mozzo Gianini, asesor de Gobierno, a que planteen una demanda de inconstitucionalidad en el término de siete días.
Los senadores del principal bloque opositor de la Legislatura argumentaron que de ser efectiva esta acción, “no sería necesario mendigar fondos y seguir endeudando a la provincia si la misma tuviera una relación institucional de respeto y equilibrada, no de sumisión, con la Nación en todos sus aspectos, es decir tanto en lo político como en lo referente a fondos, que en este caso son de la provincia”.
Las cuentas de la provincia están en rojo, en el presupuesto se previó un déficit de $1.500 millones para 2012 y en los últimos días el ministro de Hacienda confirmó que el Banco Nación otorgó un préstamo de $200 millones para palear desequilibrios presupuestarios del Estado provincial. Además, se estudia cómo será la operatoria para colocar un bono provincial por $1.300 millones para saldar el déficit de las cuentas públicas del presente en el futuro.
Para los senadores radicales el descuento que hace la Nación se basa en un instrumento inconstitucional, como califican los opositores al decreto 2.054 de la Presidencia. En esa norma se estableció la prórroga de los efectos de la Ley 24.130, que surgió e los pactos fiscales uno y dos, de 1992 y 1993. Por no estar refrendado por el Congreso, los radicales consideran que es inconstitucional el decreto de 2010.
El pedido de los radicales le llegó al mandatario provincial a través de una nota presentada por el bloque de senadores del partido.
