La UCR criticó con dureza el decreto que Jaque firmó para negociar con las petroleras

En una conferencia de prensa que se desarrolló en la Legislatura y que fue encabezada por el

titular del Comité Provincia de la UCR, César Biffi y por un grupo de legisladores de ambos bloques

encabezados por el senador Armando Camerucci, el radicalismo denunció que el gobernador "siguió los

tiempos de las empresas en la negociación y auqe, por ese camino, se llegó a firmar un mal decreto".

"Este decreto trae inseguridad jurídica a la provincia y fue producida por el Gobierno.

Nosotros vamos a analizar todas las instancias políticas y jurídicas para que esta negociación

tenga un instrumento legal. Estamos siguiendo el tiempo de las empresas y está claro que el

Ejecutivo siguió el peor camino que es un mal decreto, sostuvo Biffi.

Camerucci, por su parte, adelantó que el radicalismo intentará en los próximos días insistir

con la sanción de una ley en la Cámara Alta, que en caso de fracasar se analizará la vía jurídica y

que, llegado el caso de que algún radical llegue al Gobierno en 2011, los contratos serán

revisados.

Jaque anunció este sábado la firma del decreto 3.089/10 que fijó la prórroga de las

concesiones por diez años más (a correr desde 2017), un negocio que le reportará a la provincia un

incremento en el cobro de regalías petrolíferas y un anticipo de dinero que no sería inferior a los

U$S 350 millones.

Lo que está en juego es el futuro del negocio petrolero en Mendoza y , sobre todo, la

relación del Estado mendocino con la empresa YPF, concesionaria de 16 de las 31 áreas que serán

concesionadas.

El Gobierno venía discutiendo con la oposición (sobre todo con el radicalismo)un proyecto que

debía llegar a la Legislatura. Pero las negociaciones se trabaron, entre otros puntos, por el monto

que iba a las comunas. Finalmente Jaque incluyó la mayoría de los puntos que acordó con el PD y la

UCR, aunque con su plan los municipios recibirán $20 millones más en 2011, mientras que en la

iniciativa del radicalismo la cifra era de $200 millones.

Lo que no se incluyó en el decreto, fue la exigencia a las empresas de realizar un estudio

ambiental de base cero o un monto mínimo exigido de inversión, como planteaban los radicales.

"Si alguno cree que esto se puede hacer en una negociación cerrada entre Gobierno y empresas

se equivoca. Un contrato mal hecho, termina mal", lanzó Biffi.