Por Gonzalo Ponce
El sistema carcelario de Mendoza funciona prácticamente al límite. Hay 3.005 plazas y 2.988 presos. Cada una de éstas permite albergar a más de un interno, por lo que la situación no puede considerarse desesperante. Pero, si no se toman las medidas adecuadas, “en dos años habrá que enfrentar un panorama muy crítico”, aseguró el director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento.
La fuga en los últimos días de tres internos de Almafuerte (recapturaron a uno; ver sección Policiales) y las dos revueltas en una misma jornada en el penal San Felipe, con un guardia apuñalado como resultado, quizás sean los primeros síntomas de un desborde que se avizora no tan lejos.
El gobernador Francisco Pérez atribuyó estos episodios a la violencia cada vez más marcada de los internos y al crecimiento de la población carcelaria. Durante la semana anunció la ampliación de Almafuerte, en Cacheuta, para albergar 200 presos más, y recordó que la construcción de un recinto para presos federales estará lista en dos años y medio aproximadamente.
Sarmiento coincide con que la solución es construir más plazas para evitar la superpoblación carcelaria.
Sin embargo, otro punto problemático destacado por Pérez fue el gran nivel de reincidencia. Los números que maneja Sarmiento dicen que el 39% de los internos ha reincidido una vez y que el 48% lo ha hecho más de una vez. En total, el 87% de la población carcelaria está tras las rejas por reincidente. Sólo el 13% habita una prisión gracias a su primer delito comprobado.
La lectura que hace Sarmiento es contundente: “La contención no está funcionando”. Pero también pone la lupa en lo que pasa portones afuera de las cárceles: “Los ex convictos son sujetos discriminados por la sociedad, casi nadie les da trabajo. Sólo la Ley de Obra Pública obliga a que el 3% de los trabajadores sean personas que pasaron por una cárcel, y estamos coordinando con cuatro empresas para lograr mejor reinserción. Pero fuera de eso no hay demasiadas oportunidades”.
Otro dato permite complementar la situación descripta por Sarmiento: el 71% de la población carcelaria no estudia; sólo el 29% lo hace. No hay que tener demasiadas luces para entender la ecuación: ex convicto más poca o nula instrucción es igual a mínimas posibilidades de conseguir empleo. Además, el 30% de los presos trabaja, mientras que el 70% no lo hace.
No obstante, en las cárceles mendocinas se realiza un interesante programa educativo con CEBA, CENS y los CCT. Es que el Servicio Penitenciario está adherido al Programa Nacional de Educación en Contexto de Encierro, permitiendo así que la oferta educativa se aplique a todas su modalidades.
La edad de la población carcelaria también es impactante: el 73% son jóvenes de 18 a 34 años. Entre los delitos más cometidos están los robos; en una proporción mucho menor, los homicidios dolosos, las violaciones, las infracciones a la ley de estupefacientes y otros contra las personas (ver infografía).
Ahora bien, los presos no se convierten en eso sólo por cumplir 18 años. Abel Albino, titular de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), reveló datos que muestran cómo la desnutrición infantil juega un rol fundamental en la historia de quienes llegan al delito y luego a una cárcel