La UCR y el PD impulsarán un proyecto en la Legislatura para que el Ejecutivo local reclame en la Corte Suprema de la Nación el 15% de recursos coparticipables que Mendoza le otorga al organismo previsional desde 2010. En 2011 se calcula que Mendoza de
La oposición presiona a Pérez con demanda a la Nación por fondos que van a ANSES
Por UNO
Por Analía Boggia
La oposición está decidida a marcarle la agenda a Francisco Pérez y ahora quiere que Mendoza demande a la Nación por la cesión del 15% de impuestos coparticipables que va a la ANSES desde 2010. Para motorizar las acciones legales ante la Corte Suprema de la Nación, el radicalismo elaboró un proyecto para obligar por ley al gobernador a reclamar esos fondos por vía judicial y ya tiene apoyos de los demócratas.
El pedido de la UCR al que se plegará el PD apunta a los recursos cedidos por las provincias por el Pacto Fiscal I, suscripto en el '92, durante el primer gobierno de Carlos Menem. Es que en el partido fundado por Leandro Alem entienden que con la reestatización de las AFJP y el superávit que viene mostrando la ANSES ya no es necesario que las provincias sigan financiando el organismo previsional. Y apuntan especialmente al decreto 2.054/2010 que renovó los alcances del Pacto Fiscal I, pergeñado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
No es la primera vez que la oposición reclama esos fondos, que en 2011 representaron poco más de $1.300 millones, según los cálculos que hacen en el radicalismo. Pero la diferencia es que esta vez quieren que el gobernador tenga como herramienta una ley y no simples declaraciones o resoluciones, que tienen muy poca fuerza.
“No vemos otra vía que la judicial para reclamar por los fondos que pertenecen a Mendoza, porque está claro que la Nación no abre la mano y eso que es plata nuestra. Creemos que el hecho de que sea una ley mejorará la capacidad negociadora de Pérez. Si lo interpreta y lo canaliza, lo puede usar para todos los mendocinos”, consideró el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, en diálogo con diariouno.com.ar.
Mientras que el autor del proyecto, Juan Carlos Jaliff, analizó que “Pérez le pide a los intendentes que sumen otras formas de financiamiento y acá está la plata. Sólo le vamos a dar la herramienta que es la ley”.
Jaliff fue más lejos y le habló directamente al gobernador, al decir: “Se tiene que mirar en el espejo de Scioli, porque el Gobierno nacional no paga lealtades. A lo primero que tiene que ser fiel y respetar es a Mendoza, y haciéndose cargo. En este caso, la Legislatura es la que le va a dar el arma de negociación”.
Los senadores radicales ya tienden puentes con los demócratas para poder motorizar el debate apenas termine el receso legislativo, en la semana del 23 de julio. Pero no será difícil conseguir avales, teniendo en cuenta que el PD ha hecho pedidos similares en ambas cámaras en los últimos años. De hecho, Cornejo calcula que juntarán "20 votos, sobre un total de 38 senadores".
Al ser consultado por este portal, el senador demócrata Carlos Aguinaga confirmó que “es una de las cosas que hay que resolver e históricamente ha sido ese el pedido a la Nación, así que estará ese apoyo”.
En tanto que en el Gobierno prefirieron manejar el tema con cautela, aunque tampoco se privaron de ironizar sobre la inacción del radicalismo en los últimos años. “Vamos a esperar que presenten el proyecto, pero esta bueno que se preocupen ahora, porque nunca es tarde, después de tantos años”, soltó Eduardo Bauzá, coordinador de Gabinete de Paco Pérez.
La propuesta opositora
El proyecto que busca habilitar al Ejecutivo local para iniciar una demanda judicial contra la Nación en reclamo del 15% de los fondos coparticipables que van a la ANSES tiene como argumento central la inconstitucionalidad del decreto que en 2010 prorrogó el Pacto Fiscal I, pues la Constitución Nacional ordena que este tipo de procedimientos se hagan con una ley especial del Congreso, que obtenga mayoría especial.
Pero además, el texto cuestiona la modificación unilateral del acuerdo entre la Nación y las provincias por parte del Gobierno central y que la Legislatura provincial no haya votado esa renovación, tal como también exige la Carta Magna nacional.
