Por Javier Polvani
Todavía no se sabe cómo se hará, pero a los dueños de los micros del transporte público de Mendoza ya les avisaron formalmente que la intención del gobierno nacional y el provincial es dejar de subsidiarlos directamente. En la Provincia, para esa iniciativa -enmarcada en la línea de “sintonía fina” que promueve la presidenta Cristina Fernández desde que asumió su segundo mandato- hay pocas alternativas a la reformulación de los términos de la concesión de los grupos de micros que se firmó durante la gobernación de Julio Cobos.
La administración de Paco Pérez no hizo ningún planteo directo a los representas de AUTAM, la cámara que nuclea a los empresarios del transporte público, pero este jueves tanto los funcionarios como los dueños de los micros de la provincia conocieron con la idea de boca del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
“Sabemos que el subsidio no es equitativo para todos, por lo que la tarjeta SUBE permitirá también subsidiar personas y no empresas”, sostuvo el secretario nacional en una reunión de la que participaron representantes de los gobiernos provinciales y las empresas concesionarias de recorridos en todo el país. En concreto, Schiavi anunció que la Nación dejará de subsidiar directamente a los empresarios para destinar esos fondos a un subsidio directo a los usuarios. Esto es que habrá boleto diferenciado para los pasajeros del transporte público de bajos recursos.
La nueva etapa en materia de subsidios al transporte que inició la Nación se basa en la implementación del sistema SUBE, que presenta una tarjeta magnética personal para cada usuario. Ese elemento, a diferencia de la Red bus que se usa en Mendoza, permite conocer cómo se mueve cada usuario dentro de los recorridos del transporte y por lo tanto facilita que para cada uno se pueda cobrar un precio diferenciado. No se llegará a ese extremo, pero dentro del plan se espera determinar categorías de usuarios por nivel de ingresos y fijar un costo del boleto para cada categoría de pasajeros.
En teoría, la explicación de Schiavi apareció sencilla, pero en Mendoza la implementación tiene una complejidad diferente a la de la mayoría de las plazas del país. ¿Por qué? Porque el sistema concesionado por Cobos estableció que a los dueños de los micros se les pague un canon por kilómetro recorrido y en la determinación del mismo no se tiene en cuenta a cuántos pasajeros lleva cada colectivo sino los costos operativos de la empresa para hacer cada kilómetro de los recorridos y frecuencias que establece el Estado para cada grupo.
Es decir, las variables que definen el canon que cobran las empresas por el servicio no tiene nada que ver con la tarifa. Hasta ahora, la caja de la recaudación por venta de pasajes la maneja el Estado y no alcanza para sostener el servicio. Ni siquiera alcanza sumándole a la misma los subsidios nacionales destinados a palear costos de insumos, como combustible y cubiertas, por ejemplo, además de altos porcentajes de los salarios de los choferes de los colectivos.
La diferencia se cubre con el Fondo Compensador del Transporte público, que es un subsidio originado en rentas generales de la provincia. Si se caen los aportes no retornables de la Nación y la provincia suprime la remesa del fondo compensador, no hay otra alternativa que un fuerte incremento en el precio del boleto, el cual no sería aplicado a todos los usuarios ya que a través de la tarjeta SUBE se subsidiará a los más pobres. Sin subsidio, aseguran en AUTAM, el boleto tendría un precio superior a los $4.
