Buscan plata para sostener sus administraciones y desde el Sur, el intendente Agulles levantó la mano y pidió pista para flexibilizar la Ley 7.722 de minería. El intendente Difonso, de San Carlos, se declaró en guerra.
La minería se coló en la agenda de la crisis que delinea Pérez con los intendentes
Por UNO
Por Daniel Calivares
La minería surgió otra vez en la punta de las propuestas territoriales para enfriar el estado de las cuentas públicas en momentos de crisis. Un pedido del gobernador Francisco Pérez a los intendentes peronistas para que salgan a buscar alternativas de ingresos le abrió la puerta al intendente Juan Agulles, de Malargüe, para acelerar su proyecto de modificación de la ley minera 7.722.
El intendente sureño lleva la bandera pero no es el único jefe comunal del oficialismo que pretende cambiar la ley para darles más poder de decisión a las comunas cuando una empresa plantea interés en explotar la minería.
Pérez les pidió a los intendentes que se reúnan entre ellos y con los jefes de bloque de la legislatura provincial para analizar qué proyectos se pueden impulsar para incrementar las arcas municipales y provinciales. Entre ellos, están los cambios que impulsa el intendente Agulles sobre la ley minera.
El intendente contó a este portal que el martes hubo una reunión entre los intendentes oficialistas y el gobernador en la que Pérez les dijo que la situación financiera para el segundo semestre es complicada, a pesar de un repunte de la recaudación en los últimos meses que la llevó a superar lo proyectado.
El mandatario les pidió a los jefes comunales que generen ideas para conseguir plata y una de ellas es fomentar la minería, a través de la realización de modificaciones de la Ley 7.722 que son promovidas por Agulles en la superficie e impulsadas por otros desde el más bajo perfil.
El intendente de Malargue auguró que las reuniones con los presidentes de bloques para revisar y proponer proyectos para la emergencia financiera son una instancia propicia para introducir la posibilidad de realizar estas modificaciones.
“Las modificaciones que queremos hacer son para darle a la ley un marco institucional, un marco de legalidad a la ley”, afirmó Agulles, quien señaló que la 7.722, en su estado actual, va en contra del Código de Minería nacional.
Según el intendente del departamento sureño, el proyecto para establecer las modificaciones está listo desde hace varias semanas, pero no ha sido presentado aún, debido a que se están buscando los consensos necesarios entre algunos intendentes, para que estos bajen línea a los legisladores de sus departamentos.
“Tenemos a varios intendentes a favor de crear una nueva matriz productiva, algunos ya lo han hecho públicamente”, afirmó el intendente, haciendo referencia a los caciques de Las Heras y Guaymallén, Rubén Miranda y Alejandro Abraham, respectivamente.
La idea de Agulles de que ese proyecto ingrese entre aquellos que podrían servir para generar más ganancias a las comunas tiene otra razón. Según el jefe comunal, antes de fin de año la Suprema Corte declarará inconstitucional la ley 7.722, a raíz de los diez recursos presentados en su contra.
Sobre esa especulación el intendente vaticinó una catarata de juicios contra la provincia. “Los amparos demostrarán la inconstitucionalidad de la ley, nosotros le daríamos un marco institucional”, afirmó el intendente.
Las modificaciones que contempla el proyecto, tiene por un lado la posibilidad de declarar la autonomía de los municipios, para que sean estos y no la provincia, los que aprueben los emprendimientos mineros, pero también habilita a las empresas del rubro a realizar las etapas de exploración y prospección, sin necesidad de que la Legislatura trate la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con anterioridad.
“Estamos esperando tener algunos consensos, no tiene sentido que todas las etapas deban pasar los por los legisladores. Hay que generar una nueva matriz productiva, por una necesidad de más ingresos”, expresó Agulles, quien recordó que la etapa de exploración para extracción de uranio en el yacimiento de Huemul, se encuentra trabada hace años, porque la legislatura no ha ratificado la DIA.
Difonso en contra de las modificaciones
Desde el Valle de Uco pusieron el grito en el cielo a raíz de la posibilidad de un nuevo avance sobre la ley 7.722. El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, coautor de esa norma, señaló que “cualquier intento por hacer más liviana la ley, atenta contra la salud de la población”.
“Los controles están establecidos y apuntan a una participación ciudadana con la ratificación de la DIA en cada uno de sus pasos”, expresó Difonso y aseguró que la ley es plenamente constitucional y por eso ya lleva cinco años de vida.
“Ha sido una de las leyes más atacadas en la historia provincial y no han podido dejarla sin efecto, porque es constitucional. Si modifican la 7.722 van a ver el Valle de Uco como jamás lo han visto”, advirtió.
La empresa de minería
Por su parte, desde el seno de la Corriente Peronista, de la que forman parte los intendentes Miranda y Abraham, además del vicegobernador Carlos Ciurca, impulsan la creación de una empresa provincial de minería, con un proyecto presentado por el senador Ignacio Ortigala, que está frenado hace un año en la Legislatura.
Esta iniciativa estuvo a punto de ver la luz dentro de la ley que creó la empresa de energía, pero el radicalismo exigió que se excluyera a la minería del proyecto y el justicialismo, para lograr el consenso, accedió. Esto derivó en que el proyecto de Ortigala volviera a tomar vuelo en una parte del justicialismo.
