Por Analía Boggia
Un fallo de la Corte Suprema de la Nación volvió a poner en debate ese tipo de listas. La Justicia Electoral dice que la respuesta la tienen los partidos políticos, pero el oficialismo dice que por ahora no lo discutirá. El proyecto de boleta única del
La Justicia Electoral le pasó la pelota a los partidos políticos por las colectoras
La Justicia Electoral provincial le pasó la pelota a los partidos para que resuelvan el problema con las colectoras y así evitar la judicialización. El titular del órgano que monitorea el desarrollo de los comicios en Mendoza aseguró que si se repite el escenario de 2009, la respuesta está en las fuerzas políticas.
“No sabemos si el año que viene se va a repetir el escenario de 2009 con tantas colectoras, pero si eventualmente ocurriera, los partidos tienen la respuesta”, según indicó escuetamente a diariouno.com.ar el secretario de la Junta Electoral Provincial, Luis Puebla.
El debate sobre qué ocurrirá en las legislativas de 2013 con el uso de los votos de las colectoras volvió al centro de los debates, luego de que la Corte Suprema de la Nación rechazara una presentación del PJ para validar los sufragios de esas listas a favor de dos senadores y cinco concejales peronistas que cumplen mandato desde abril de 2010.
Parece entonces que la única vía para evitar la judicialización es que los partidos incluyan en la reforma política precisiones o regulaciones sobre el alcance de ese mecanismo. Pero mientras en el peronismo dicen que por ahora están abocados sólo a los cambios en la Constitución, el PD y la UCR eliminan las colectoras con el proyecto de boleta única que impulsan en la Legislatura.
Es que el oficialismo tiene entre sus prioridades la reelección del gobernador, pero no contempla eliminar las colectoras, al menos por ahora. Es lo que contó a este portal la senadora Claudia Torres (PJ), que integra el equipo que trabaja en las modificaciones de la Carta Magna y del sistema político local. "Por ahora no hemos tratado los temas de reforma electoral y sólo estamos abocados a los cambios incluidos en la reforma institucional", lanzó la legisladora.
El PD y la UCR, en cambio, ya tomaron posición con la presentación del proyecto de boleta única. "No sólo no están permitidas las colectoras, sino que prohíbe que la misma persona se postule en más de una categoría", explicó al respecto el senador cornejista Tadeo García Zalazar. Mientras que el demócrata Carlos Aguinaga aseguró que "si se aprueba la boleta única, se vota por persona y se acaba la picardía de las colectoras".
Pero si esto no prospera, en las legislativas del año que viene podría darse nuevamente la discusión sobre los votos que deben tomarse en cuenta de ese tipo de listas.
El embrollo judicial por el cual los senadores peronistas Andrés Da Rold (Rivadavia) y Leonardo Giacomelli (Tunuyán), junto con otros cinco concejales del PJ, podrían dejar las bancas que ocupan desde 2010 volvió a estallar el miércoles. La mecha la encendió un fallo de la Corte Suprema de la Nación del 15 de mayo último en el que el máximo tribunal entendió que no es de su competencia la resolución del conflicto planteado tras las elecciones legislativas de junio de 2009 entre el PJ, la UCR y el PD.
La Corte local ya se pronunció en mayo de 2011 en un dictamen encabezado por conjueces sentenció que Da Rold, Giacomelli y cinco concejales de San Carlos, San Rafael, Las Heras, Maipú y Guaymallén habían sido designados incorrectamente porque los votos de las colectoras no habían alcanzado el 3% del padrón electoral. En su lugar deberían asumir: los radicales Enrique Abonassar y Laura Alvarez en el Senado, dos demócratas en los concejos deliberantes de San Carlos y Las Heras, respectivamente, y tres ediles de la UCR en San Rafael, Guaymallén y Maipú.
Lo que viene
El PJ apuesta ahora a dilatar lo más posible el proceso judicial. Mientras la UCR se ilusiona con convertirse en la primera minoría en el Senado con la suma de dos legisladores suyos, el peronismo jugará al máximo con los tiempos judiciales.
Es que el tribunal nacional devolvió las actuaciones a la Corte mendocina para que se aplique la sentencia de la Justicia local de 2011, pero el oficialismo asegura que presentará en la Nación un recurso de queja. De todas maneras, ese mecanismo no tiene carácter suspensivo por lo cual la decisión de aplicar la sentencia queda en manos del tribunal local.


