La mitad de los guardiacárceles ingresaron al Servicio Penitenciario cuando ya imperaba la política de condena a los abusos carcelarios. Pero muchos otros carceleros le hacen resistencia a Sebastián Sarmiento, jefe de todo el sietema. Claves de
La crisis carcelaria evidenció una vieja guerra entre generaciones de agentes penitenciarios
Por UNO
Por Javier Polvani
La crisis carcelaria que se intensificó en los últimos días en la provincia volvió a sacar de los suburbios del Sistema Penitenciario una vieja puja entre los guardiacárceles demarcada por el quiebre generacional entre los hombres que custodian a los presos de Mendoza. La mitad de los guardias ingresaron al Servicio en los últimos cuatro años, cuando ya imperaba la política de reparación de los abusos carcelarios que le costaron a la provincia sanciones internacionales.
La línea divisoria entre los viejos y los nuevos cuida presos tiene dos aristas principales, una determinada por la política de ascensos del gobierno, que -según los más viejos- privilegia a los recién ingresados al sistema; y la otra por la impronta de la formación recibida durante el adiestramiento previo a incorporarse como guardiacárceles. En la jerga penitenciaria, hay una guerra entre los duros (los más antiguos en la carrera) y los blandos (quienes ingresaron bajo el imperio de la política que se mantiene desde el gobierno de Paco Pérez).
En total, la provincia cuenta con 2.500 guardiacárceles, de los cuáles 1.200 (48%) no tienen más de cuatro años de antigüedad, deslizó el director de Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, quien fue confirmado en ese cargo por el gobernador Paco Pérez en el punto más caliente del pico de cuestionamientos al trabajo de esa dependencia estatal de los últimos meses. El jefe de los penitenciarios resaltó que en los últimos años “se ha dado una transformación muy marcada” dentro del Servicio.
La renovación generacional del personal de las cárceles ayudó a implementar las reformas que tuvo que impulsar Mendoza, obligada por la presión de entidades internacionales a petición de organismos de derechos humanos locales. Y también es disparador de un malestar permanente en el núcleo de penitenciarios con experiencia. Es decir, de los guardias que protagonizaron el control carcelario durante los años en que la provincia acumuló antecedentes de violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos privados de la libertad.
El diputado Daniel Cassia (PJ disidente) hace tiempo que denuncia un manejo discrecional en la política de ascenso de los penitenciarios y atribuye a esta situación buena parte del malestar que manifiestan por lo bajo pero sostenidamente los guardias más experimentados del Servicio Penitenciario. Desde la dependencia que controla los penales provinciales siempre desmintieron las denuncias de Cassia, aunque ahora cuando estalló una nueva crisis carcelaria volvió al primer plano esta divisoria de aguas entre penitenciarios.
La confirmación de Sarmiento al frente de la ejecución de la política carcelaria por parte del gobernador fue leída dentro del sistema como una nueva apuesta a las reformas que se originaron en la necesidad de revertir las sanciones internacionales a Mendoza, con una línea de trabajo que tenga como prioridad cuidar que los presos cumplan el encierro determinado por la Justicia sin padecer violaciones a los derechos humanos. Pérez no cambió a Sarmiento porque no quiere comprarse un nuevo elemento que le sume conflictividad a la crisis de las cárceles mendocinas.
