De los 10, dos quedaron fuera del juicio, otro está con licencia y un cuarto, internado. El debate sigue mañana.

Justo en medio del juicio por delitos de lesa humanidad se resintió la salud de varios de los represores acusados

Por UNO

No habían pasado ni tres jornadas del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad enMendoza durante la última dictadura militar cuando ya la mitad de los acusados faltaban por razones

de salud.

En la cuarta jornada el proceso acusó sus dos primeras bajas y el Tribunal Oral N°2 tuvo que

suspender el juicio para otra ocasión contra el general Juan Pablo Saá (83) y el comisario Armando

Fernández (69).

El primero, que estaba en el grupo de los sanos y longevos sólo con problemas de hipertensión

y achaques de la edad, sufrió un ACV que lo dejó fuera del juicio e internado en el Hospital

Militar en coma farmacológico tras una intervención quirúrgica para eliminar el derrame cerebral.

El caso de Fernández no parecía tan dramático pero los médicos dijeron lo contrario. Aunque

en apariencia se lo veía bien y entero, dieron cuenta de que padece una obstrucción en la carótida

que está por encima del 70%. Para los galenos, la exposición de Fernández a emociones fuertes y un

estrés galopante producto de acusaciones de homicidio lo coloca en riesgo de muerte.

Antes del inicio de la quinta jornada cayó enfermo el tercero. El general de brigada Mario

Lépori (84) fue internado hace más de una semana en el Hospital Militar con una neumonía y aún

continúa allí.

Esta última semana un cuarto imputado terminó con parte de enfermo. Se trata del comisario

Luis Rodríguez Vásquez (70), quien el martes sufrió una descompensación menor. Fue llevado al

Hospital del Carmen, le dieron 48 horas de reposo, pero luego presentó un certificado médico con 7

días de descanso.

Lo sucedido refleja sin duda la evidencia de que aunque se muestren indiferentes y firmes

ante las múltiples acusaciones por homicidios agravados, asociación ilícita y torturas, la presión

carcomió el estado nervioso de los acusados haciendo estallar lo que les queda de salud.

Equipo médico en el juicio

Por eso no exageró el tribunal cuando dispuso dos médicos emergentólogos y una ambulancia con

una unidad coronaria completa con capacidad para tres personas durante el juicio. Ni que el

despacho de uno de los jueces del tribunal, Alejandro Piña, fuera semidesmontado cada día para ser

preparado con camillas y el equipamiento adecuado.

Un cardiodesfibrilador, un kit completo de resucitación por paro cardiorrespiratorio, una

caja de medicamentos, un tubo de oxígeno, una silla de ruedas y dos camillas completan el equipo de

emergencia.

La rutina está definida: si se trata de un cuadro cardíaco el traslado es al Hospital

Central, si se trata de otro problema de salud, al Lagomaggiore.

El juicio arrancó con 10 acusados y ya quedan 8 bajo proceso. A su inicio cuando estaban

todos, cuatro de ellos llegaron con problemas de salud severos que obligó a que siguieran las

primeras dos jornadas del debate en salas con videoconferencia y enfermeros a su lado.

Uno fue Armando Fernández, que por su problema coronario y alto riesgo ya no está en este

juicio. El otro es Mario Lépori, que hace una semana que está con neumonía en el Militar.

El tercero de ese grupo es el subjefe del D2 el comisario general Juan Agustín Oyarzábal

(74). De impecable traje se presentó al juicio un par de días, con un gran tubo de oxígeno a su

lado y una máscara que no puede dejar a causa de una grave deficiencia respiratoria por una añosa

operación en un pulmón que le dejó secuelas en la pleura. Como vive en Rivadavia, el traslado de

Oyarzábal demandaba una ambulancia y para un día necesitaba más de un tubo.

El restante es el teniente coronel Dardo Migno (59), quien está en silla de ruedas y no puede

permanecer mucho tiempo en una misma posición. Sin embargo, este último no está en Mendoza sino en

Rosario y se le permitió seguir el juicio por videoconferencia desde esa ciudad.

Esos fueron los motivos iniciales para que en la tercera jornada, los cuatro fueran

autorizados por el tribunal a ausentarse del debate y quedarse en sus casas mientras el juicio

continúa contra ellos, dando por satisfecha su representación a través de los abogados defensores.

Los otros seis acusados estaban, hasta la segunda semana del juicio, en la sala principal del

debate.

En general presentaban una salud compensada con los achaques propios de la edad. Entre ellos

estaba el general Juan Pablo Saá, a quien sorprendió el derrame cerebral y quedó fuera de la

audiencia definitivamente. El ex jefe del Ejército sufría de hipertensión al igual que los demás.

En cambio Paulino Furió (77) es diabético con hipoglucemia, Luis Rodríguez Vázquez (70) sufre

diabetes y es insulinodependiente y Celustiano Lucero (69), cardiopatía isquémica por un infarto,

diabetes y tiroidismo. El comisario Eduardo Smaha (66) padece una diabetes propia de la edad.

El único que queda sólo con hipertensión es el coronel (r) Tamer Yapur, de 87 años. En

apariencia es el más sano de todos. Se lo ve lúcido, entero y siempre muy atento a lo que se habla

en el debate.

Es, sin embargo, quien tiene más acusaciones en su contra: la fiscalía le adjudica 21

homicidios triplemente agravados y la mayoría de los casos de torturas. Con la salud intacta es el

más comprometido en el juicio oral y público.

La audiencia se retoma mañana.