Una veintena de pedidos de informe que el Gobierno no ha respondido es el motivo por el que el senador Juan Antonio Agulles (FPV) irá a reclamar al fiscal de Estado el cumplimiento de la ley 5.736, que es la que regula este sistema de búsqueda de información oficial.
El senador malargüino intentó hacerlo a través de un mecanismo legislativo, pero no contó con la aprobación del Frente Cambia Mendoza.
"No es que no queramos que el Ejecutivo responda los informes. Sin embargo los plazos de la ley muchas veces no se corresponden con la complejidad de los datos solicitados y por lo tanto, lo que buscamos es que se debata en comisiones", señaló el senador Armando Camerucci (UCR).
Agulles manifestó que no hay nada que debatir, ya que el procedimiento está regulado por dos normativas y una es la ley antes mencionada. La otra es, sorprendentemente, una ley propuesta por una ex legisladora del círculo chico de Alfredo Cornejo: Lorena Meschini. En su momento, la ex diputada elaboró esta norma porque el entonces oficialismo peronista no proporcionaba los datos requeridos. La ley determina que el funcionario tiene un plazo de diez días hábiles, ampliable a diez más para contestar. Caso contrario, se le debe colocar una multa en pesos.
