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Serían 90 los penitenciarios que le habrían prestado sus firmas –aparentemente, engañados– a un grupo de abogados y psicólogos para iniciar demandas judiciales contra una aseguradora de riesgos de trabajo (ART) adjudicándose síndrome de burnout (estrés que impide trabajar).
La cantidad de casos llamó la atención del titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Juan Horacio González Gaviola, quien la semana pasada realizó la denuncia ante el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Rodolfo González, para que indague al respecto.
González Gaviola explicó a UNO que se está realizando una investigación nacional de las demandas judiciales por enfermedades y que en la provincia serían 2.364 los juicios realizados por empleados públicos, de un total de 8.000 (contando los que trabajan para empresas privadas). De allí se desprendió una cantidad importante de casos de agentes penitenciarios mendocinos que aducen padecer enfermedades psiquiátricas.
Según el funcionario, serían unos 30, pero fuentes allegadas al fiscal Santiago Garay, quien está a cargo de la investigación, confiaron que serían muchos más. Aunque el propio letrado prefirió no brindar información para que no se entorpezca la causa.
“Los agentes están en función y no habían presentado parte médico, lo que llamo más la atención. A muchos se los citó para hacerles una revisión y en el momento en que se estaba haciendo eso apareció el abogado para impedirla. Pero se pudo constatar que 19 de los revisados no tenían la patología que alegaban. Es muy probable que a los agentes se los haya engañado diciéndoles que iban a poder sacarle dinero a la ART”, detalló González Gaviola.
Si bien es la ART la cual se tiene que hacer cargo de pagar el juicio en caso de perderlo, el tema en cuestión preocupa al Estado porque las aseguradoras terminan trasladando los costos al Gobierno subiendo la alícuota. El funcionario fue muy específico y dijo que, en el 2005, la alícuota era del 0,8% de la masa salarial, pero que actualmente ha llegado al 2,1%, por lo que el Estado paga $10.000.000 por mes a las aseguradoras.
En este sentido, Félix González, ministro de Gobierno, aclaró que el problema mayor es que después les cuesta conseguir una aseguradora por el nivel de siniestralidad laboral y litigiosidad. “En la medida en que este último es alto, la prima es más cara, y en muchos casos ese nivel de litigiosidad está incrementado artificialmente y sustentado por casos como los que se están investigando”, expresó el funcionario.
Sin embargo, fue categórico al puntualizar que no se está investigando a los penitenciarios, sino el supuesto fraude de los abogados y algunos profesionales de la salud que hacen demandas masivas para perjudicar a las ART. “Quiero dejar muy claro que los agentes del penal no van a sufrir consecuencia alguna. Queremos descubrir si hay fraude de parte de los abogados, porque muchas veces la metodología que tienen es pedirle a cualquier persona de la administración pública que firme un poder para realizar un reclamo a la ART y después salen reclamando cuestiones difíciles de corroborar”, cerró González.
