Por Julio Luzuriaga
La Justicia penal imputó a las tres juezas de familia del Valle Uco, investigadas y bajo sospecha de haber cometido serias irregularidades en adopciones de niños entre el 2009 y el 2010.
Este miércoles declaró durante más de 4 horas ante el juez instructor Oscar Balmes la magistrada María Lizán, titular del Primer Juzgado de Familia de este departamento.
En caso de constatarse los delitos que se investigan, las tres juezas podrían ser sometidas al Jury de Enjuiciamiento.
Hoy declararía Susana Barrigón y mañana Adriana Rodríguez, a cargo del Segundo Juzgado de Familia de Tunuyán y del Juzgado de Familia de Tupungato, respectivamente.
Con el brazo derecho enyesado la jueza Lizán llegó ayer minutos antes de las 17 a los tribunales locales, ubicados a pocos metros de su despacho en la avenida San Martín. Lo hizo acompañada por su abogado defensor, Daniel Sosa Arditi.
Antes de ingresar al despacho del titular del Primer Juzgado de Instrucción, Lizán le anticipó a Diario UNO que no iba a realizar declaraciones.
Su abogado dijo que venían a presentarse por decisión de la jueza para colaborar en todo lo que fuera posible con la investigación.
Sin más, Lizán se acercó a la puerta de acceso de los tribunales y tras anoticiarse de que debía entrar por otro sector se presentó ante el juez, salió y durante varios minutos esperó en la confitería de tribunales, donde bebió una gaseosa hasta que fue convocada a declarar.
Dentro del despacho de Balmes se encontraba el fiscal de la Cámara Primera del Crimen, Javier Pascua, y el abogado de una de las denunciantes, Edgardo Valles.
Delitos investigados
Luego de una maratónica jornada de trabajo de las partes del proceso y en contacto con UNO, Valles confirmó la imputación de las tres magistradas y brindó algunos detalles.Entre otras cosas informó que el requerimiento del fiscal Pascua englobó en la investigación contra las magistradas los presuntos delitos de: prevaricato, supresión de identidad, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La parte querellante busca que además se investigue si hubo dinero de por medio en las cuestionadas adopciones que se encuentran bajo la lupa de la Justicia.
El letrado explicó que Lizán solicitó prestar declaración.
En caso de que no hubiese sido así la Justicia se hubiera visto obligada a pedir el Jury para de allí en más poder citarla a imputativa, situación que dilataría la investigación iniciada hace ya más de un año. Igual postura habrían tomado las otras dos juezas sospechadas.
Investiga la Suprema Corte de Justicia de la provincia en forma conjunta con la Secretaría Legal y Técnica de la Corte, la Sala Administrativa y la Fiscalía de Cámara Criminal Nº1, a cargo de Javier Pascua.
Víctimas
Antes del ingreso de Lizán a la oficina del juez de instrucción prestó declaración testimonial una pareja sancarlina que en varias oportunidades denunció su caso públicamente a través de las páginas de Diario UNO.Este episodio puntual ocupó a la opinión pública y no había tenido respuestas de la Justicia hasta el inicio de esta causa.
En tanto la querella, ejercida por el letrado Edgardo Valles en patrocinio de una joven madre, también domiciliada en San Carlos, que sufre por la quita y posterior adopción de sus dos hijas, no descarta que pueda haber habido retribución monetaria, lo cual configuraría otro grave delito que no aparece en la requisitoria fiscal.
Las partes afectadas por las presuntas irregularidades señalan que esta sería apenas la punta del iceberg que ya detectaron los investigadores y que derivó, en el presente, en la imputación de las magistradas.
Lizán declaró durante más de cuatro horas y se retiró acompañada por su abogado, quien viajó desde la capital para asistirla.
