Marcelo Arce
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Pese a sentir el apuro que baja de la Nación, Francisco Pérez no logra que la oposición respalde su proyecto de creación de una empresa provincial de energía. Quedó establecido el rechazo del Partido Demócrata y el radicalismo postergó para la próxima semana una definición sobre el proyecto a pesar de que hasta el momento venía negociando con el Justicialismo su aprobación en el Senado.
Este miércoles el senador demócrata, Carlos Aguinaga, anticipó el rechazo al proyecto oficial al sostener: “El Gobierno no ha definido una clara política energética, por lo que es altamente sorprendente que impulse la creación de una empresa estatal sin tener claro el rol que deberá cumplir”.
El senador confirmó el rechazo de los integrantes de su bloque, al agregar: “El Estado no necesita ni debe participar del proceso productivo en forma directa, pues lejos está de sus fines competir con los privados en el mercado de los hidrocarburos”.
En tanto, el radicalismo tenía previsto para este miércoles que sus senadores terminaran de acordar el apoyo a la empresa de Paco (cuyo nombre tentativo sería Emesa), pero postergó una definición para el miércoles próximo en una reunión ampliada de los dos bloques legislativos, en la que estará también el presidente del partido, Alfredo Cornejo.
La UCR no tiene mayores cuestionamientos a la iniciativa, aunque le reclama a Pérez la falta de cumplimiento de algunas promesas realizadas a los intendentes partidarios y además, no quiere sancionar la creación de la empresa a los ritmos que le pide el gobernador.
Un acuerdo incipiente
Según ya habían acordado el Gobierno y los radicales, la empresa se abocará a administrar por parte del Estado los recursos energéticos y quedará excluida de su órbita la actividad minera, aunque esta podrá ser incorporada luego en el armado del estatuto que le dará el marco legal.
En este marco, fue que la Cámara de Diputados aprobó el año pasado (con el voto radical y el rechazo del PD) un proyecto de ley de creación de una empresa en la que la sociedad con las mineras es una posibilidad, pero lo que se prepara para debatir la Cámara Alta es que Emesa sólo se dedique a actividades hidrocarburíferas e hidroeléctricas.
Sacar la minería de la discusión es parte del acuerdo alcanzado para que el proyecto de ley pueda ser aprobado. Esto, aunque el propio Pérez participó la semana pasada de una reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde se instó a las provincias a crear empresas públicas para administrar el negocio de la extracción. El gobernador, al salir de esa reunión en Buenos Aires, apuntó a que Emesa abarque el petróleo, la minería y el resto de las energías. Pero al regresar a Mendoza cedió.
También habría cambiado a esta altura otro de los motivos que Pérez argumentaba para darle sentido a su empresa de energía. En momentos en que se anunció la quita de dos áreas de concesión a YPF, en medio de la pelea nacional con la petrolera, se habló de la alternativa de que esos pozos pasaran a la administración de Emesa. Pero eso ya estaría descartado: el Gobierno dentro de los próximos 70 días llamaría a licitación para encontrar un nuevo privado que se haga cargo de sacar petróleo de las áreas revertidas.
Emesa sería una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) y en su conformación está previsto que la Provincia se quede con el 51% del paquete accionario, el 19% sería para el capital privado y el 10% de la compañía quedaría en propiedad de todas las comunas de la provincia por partes iguales. Aunque aún hay una discusión acerca de que ese reparto debería hacerse de acuerdo con los índices de coparticipación que le corresponde en la actualidad a cada comuna.
El Gobierno fue el que fijó el porcentaje de participación privada, pendiente de que en el futuro este sector no pueda tener ni un director ni un síndico, como también logró acordar con la UCR hasta ahora que en el futuro lo que se transferirá (en caso de la explotación de hidrocarburos) serán los derechos a otorgar permisos y no como se barajó en su momento, la cesión de los derechos de exploración y explotación, que seguirán siendo inherentes a la Provincia.