Por Analía Boggia
Orlando Farrugia invitó a la Legislatura a los familiares para explicarles detalles de esta situación. Carlos Ciurca estará presente en el encuentro. Audio.
El titular de los magistrados se reunirá con padres de discapacitados por los jueces amparistas
El Rafael Escot, Sofia Rivera, Ricardo Mirabile, Mercedes Herrera, el fiscal Hernán Ríos y el defensor oficial Raúl Ortiz, junto con otros cuatro funcionarios con rango y salario similares a los de un juez, obligó a la Asociación de Magistrados de Mendoza a tomar posición de nuevo. El titular de esa entidad, Orlando Farrugia, se reunió en la mañana de este miércoles con el vice Carlos Ciurca y el viernes estará con familiares de discapacitados para dar explicaciones.
El pedido de inconstitucionalidad del puñado de funcionarios judiciales que no quiere aportar a OSEP reavivó la polémica por los privilegios de las autoridades del Poder Judicial. Pero Farrugia cargó en duros términos contra los argumentos que dio Escot para fundamentar la acción interpuesta en la Suprema Corte de Justicia, acerca de la imposibilidad de actuar en causas sobre la prestadora de servicios sanitarios de los estatales.
“Yo soy juez laboral y tengo amigos que tienen empresas, y amigos que son obreros, y tendríamos que estar apartando permanentemente de las causas que caen en nuestra jurisdicción. Los jueces van a poder intervenir dentro del marco de su independencia en todas las causas que caigan en sus juzgados”, sentenció Farrugia al salir del despacho de Ciurca, en donde reiteró su pronunciamiento sobre la Ley de Discapacidad. “Adherimos a la ley en todos sus términos”, dijo.
Pero el titular de la asociación que nuclea a 388 magistrados, y de la cual Escot no forma parte desde hace más de 10 años, condenó las , quien consideró que los jueces no son empleados públicos y que no tienen empleador “No sólo tenemos las obligaciones del empleado público, sino las de un juez que son mucho más. Somos funcionarios del Estado, de un poder del Estado, y somos independientes. Somos funcionarios públicos con la función de administrar justicia”, consideró.
Farrugia negó que haya otros jueces que se vayan a sumar al pedido de inconstitucionalidad, atado al principio de intangibilidad fijado en el artículo 110° de la Constitución Nacional. “Para plantear una acción de inconstitucionalidad hay un término que venció el 11 de enero”, dijo el magistrado. Y aclaró que si la Suprema Corte de Justicia falla a favor de los reclamantes, “sólo contempla efectos sobre ellos, y no sobre los demás. Los efectos de la ley (de discapacidad) en su conjunto no van a ser vulnerados”.
Ciurca, Farrugia y los familiares de beneficiarios de la Ley 8.373, que garantiza la cobertura de todas las prestaciones de personas discapacitadas, se reunirán en la Legislatura el viernes a la mañana.
“Queremos dejarles bien en claro a los padres de los chicos que institucionalmente acompañamos la aplicación de la ley, apenas es un grupo pequeño dentro de los 388 magistrados que hay en Mendoza los que no lo quieren hacer”, remarcó Farrugia.