Por Daniel Calivares
Un legislador que responde a Alejandro Abraham, presidente del justicialismo local acusó de "apresurados" a Marina Femenía y Lucas Ilardo, de la agrupación fundada por Máximo Kirchner. Los jovenes diputados presentaron un proyecto para adheri
El PJ tildó de "poco serios" a los legisladores de La Cámpora que apuraron una ley
El proyecto de los diputados provinciales de La Cámpora que promueve la adhesión a la Ley de Muerte Digna provocó enojos en la comisión de Salud de Diputados, desde donde los acusaron de inexpertos y de haber actuado de una manera “poco seria”. Y no fueron voces opositoras las que se levantaron contra los militantes de la agrupación fundada por Máximo Kirchner, sino que las críticas surgieron desde el corazón del Partido Justicialista.
Hace unas semanas, luego de que el Congreso de la Nación aprobara la Ley de Muerte Digna, los diputados provinciales Lucas Ilardo y Marina Femenía, de la agrupación kirchnerista La Cámpora, presentaron un proyecto por el cual pedían la adhesión provincial a lo aprobado por el Congreso y exigían que se elaboraran los protocolos hospitalarios correspondientes.
El proyecto de La Cámpora no cayó bien en la Cámara Baja, ámbito en el que no sólo los peronistas consideran que los Ilardo y Femenía pecan por desconocimiento. Esto se debe a que hace desde hace dos meses, antes de que el proyecto fuese aprobado en el Congreso, un grupo de legisladores nucleados en la comisión de Salud de diputados, comenzaron a estudiar el tema y a hablar con algunos ex legisladores, como Luiz Ruzo, que habían presentado proyectos similares a nivel provincial e incluso consultaron a especialistas.
En la revisión se descubrieron algunos errores de redacción en el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación, tras lo cual comenzó a tomar forma la idea de que Mendoza tenga su propia ley sobre la materia.
Según el presidente de la Comisiónde Salud, Luis Francisco (peronista que responde al presidente del partido Alejandro Abraham), la idea es esperar a tener la reglamentación de la ley nacional y si en ese texto no se subsanan los errores, se avanzará en una ley provincial. Fue por esto que hace unas semanas, durante una sesión, Francisco le manifestó a sus pares lo que estaba ocurriendo y abrió el abanico para que cualquiera que quisiera colaborara en la redacción de un nuevo proyecto.
Ilardo y Femenía decidieron presentar el proyecto de adhesión a la ley nacional, sin tener en cuenta los dichos de Francisco. “Ellos vinieron a pedirme que los acompañara con la firma, yo les expliqué cuál era la situación”, afirmó el legislador, quien agregó que “la adhesión es poco seria”.
El legislador justicialista señaló que una vez que el proyecto camporista salió a la luz varios los diputados se comunicaron con él para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Incluso, el malestar contra lo hecho por Ilardo y Femenía creció porque la comisión ha demorado su apoyo al proyecto nacional o a uno provincial, debido a que quieren ver cómo se reglamenta la ley y tener todo listo para luego citar a funcionarios del ministerio de Salud y hacer algo en conjunto, si la reglamentación de la ley nacional no satisface las pretenciones legislativas provinciales.
El proyecto de Ruzo podría derivar en una ley provincial, ya que cuenta con media sanción y, según la opinión de Francisco, es más completo que el texto aprobado por el Congreso.
“Desde lo político, estoy de acuerdo con que los jóvenes ingresen en la política y vayan ganando lugares, pero en lo funcional atribuyo lo que hicieron a falta de experiencia y a su necesidad de demostrar un encolumnamiento hacia el Gobierno Nacional”, señaló Francisco, quien manifestó su oposición a aquellos proyectos presentados “de apuro”, sin un trabajo “serio” que los respalde, ante una noticia aparecida en un medio de comunicación.
El proyecto de La Cámpora para que la provincia adhiriera al proyecto de muerte digna aprobado por el Congreso Nacional a fines de mayo, también fue tomado con pinzas por el Gobierno provincial. El ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, señaló que el Ejecutivo se encuentra a la espera de que la Nación mande un protocolo general y se reservó cualquier posibilidad de modificarlo.


