Javier Polvanijpolvani@diariouno.net.ar
En conferencia de prensa, la apoderada del partido, Miriam Gallardo, manifestó que sigue vigente “el efecto suspensivo de la medida judicial”. Además, interpretó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no demostró gravedad instituc
El PJ estirará los plazos para que dos senadores no dejen sus bancas
Un fallo de la Corte Suprema de la Nación confirmó que los senadores provinciales peronistas Andrés Da Rold y Leandro Giacomelli deben dejar las bancas que asumieron en 2010 gracias a la sumatoria de votos de la lista oficial del partido con los de listas colectoras que se presentaron en las elecciones del 28 de junio de 2009. Ante esto, el oficialismo anunció su estrategia para evitar la aplicación de una resolución en contra dictada por la Suprema Corte de Mendoza: irá a la Corte de la Nación con un recurso de queja.
La tramitación de esa acción estiraría los tiempos de vigencia del “efecto suspensivo” que pesa sobre el fallo del máximo tribunal del fuero local que obliga a los dos senadores del PJ a devolver las bancas que ocupan desde abril de 2010. La estrategia fue revelada por el vicegobernador, Carlos Ciurca, y la senadora Miriam Gallardo, apoderada del justicialismo, en una rueda de prensa ofrecida en la sala de conferencias contigua al despacho del gobernador, Francisco Pérez, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.
Además de los dos senadores, el PJ arriesga cinco bancas de concejales. Pero la apoderada dio los argumentos jurídicos que justifican la estrategia de llevar la acción judicial hasta las últimas consecuencias. Y el vice fue el portavoz de la política del partido: “Mientras exista una acción de queja seguirá vigente el efecto suspensivo (sobre la sentencia contra el PJ)”, exclamó Ciurca antes de admitir que “puede llevar mucho tiempo”.
El oficialismo apuesta a que el tránsito de la causa hasta la sentencia firme sea más extenso en el tiempo que los mandatos de Da Rold y Giacomelli. Entre demandas y apelaciones, ya se cumplieron dos de los cuatro años de mandato y casi tres años desde las elecciones que llevaron a ambos a la Cámara Alta.
En un fallo del 15 de mayo de este año, la Corte de la Nación consideró que no hay argumentos para tratar en el fuero Federal la controversia entre el PJ y la UCR por el efecto de las listas colectoras en la sumatoria de votos para los candidatos a la Legislatura.
Para el tribunal nacional, según los argumentos vertidos en el expediente, no es de su competencia la resolución del conflicto planteado tras las elecciones del 2009, cuando a nivel provincial el radicalismo, con Julio Cobos en su pico de popularidad, se impuso por más de 20 puntos porcentuales al peronismo, que en ese momento encabezaba el ex gobernador Celso Jaque.
Mientras Gallardo sostuvo que la Suprema Corte provincial tendría que insistir ante la Corte de la Nación para que se valide la competencia federal y sea el tribunal nacional el que resuelva la cuestión de fondo, los radicales consideraron que lo que viene es el cierre de la vía federal por parte del tribunal local. Néstor Parés y Jorge Albarracín, apoderados de la UCR, emitieron un escueto comunicado en el transcribieron algunas citas del texto del fallo de la Corte y dejaron sentada la postura sobre el avance hacia la aplicación de la sentencia del tribunal provincial que está suspendida.
La cuestión de fondo es si corresponde o no sumar los votos de listas colectoras con un escrutinio menor al 3% del padrón. En la Corte local ya se zanjó esa cuestión: encabezado por conjueces el tribunal falló en contra de la sumatoria.
Da Rold (del segundo distrito) y Giacomelli (tercer distrito) les ganaron las bancas a los radicales Enrique Abonassar y Laura Álvarez gracias a la suma de las colectoras. Una vez que en primera instancia se convalidó esa sumatoria, el CONFE y el ARI recurrieron a la Corte de la provincia.
Los jueces del máximo tribunal se excusaron en la causa y terminó resolviendo la situación un tribunal de conjueces integrado por Graciela Mastracusa, Horacio Gianella y Claudio Leiva. La resolución le dio la razón al planteo del CONFE y el ARI, pero fue apelada ante la Corte de la Nación por el PJ. Ahora, el tribunal nacional devolvió las actuaciones a la provincia para que se aplique la sentencia de la Justicia local.