Por Daniel Calivares
El intendente de Malargüe busca modificarla pero los cambios son rechazados por varios caciques e incluso por el propio gobernador.
El PJ está dividido ante las posibles modificaciones a la ley antiminera
En las últimas semanas, el intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles estuvo intentando convencer al resto de su partido de la necesidad de modificar la ley 7.722, para que la etapa de exploraciónde los yacimientos se puede hacer sin necesidad de que la legislatura provincial apruebe la declaración de impacto ambiental necesaria.
Sin embargo, lo que Agulles no contaba es que ese plan no iba a caer nada bien en las principales cabezas del oficialismo. Desde hace semanas, el cacique del Sur provincial aseguraba que ya tenía a varios intendentes de su lado, entre ellos a Alejandro Abraham (Guaymllén) y Rubén Miranda (Las Heras), sin embargo, este último le restó el apoyo.
El primer revés que tuvo Agulles fue a fines de la semana pasada, cuando se cumplió un año de que el proyecto San Jorge fuera archivado por la legislatura provincial, luego de que el mismo gobernador Francisco Pérez, en ese momento candidato, les pidiera a los legisladores del PJ rechazar la DIA.
Ese mismo día, desde el sector de Agulles dieron a conocer el proyecto para modificar la norma 7722 y eso no cayó nada bien en el justicialismo y en Casa de Gobierno.
Por ello, el lunes, cuando algunos intendentes y Pérez se reunieron en Casa de Gobierno, se lo hicieron saber a Agulles. “Trajo algunos borradores y nos los entregó”, explicó uno de los presentes en el cónclave. “Se equivocó al promocionarlo así, le pedimos que lo hiciera de otra manera, porque su interés es por un proyecto minero llamado Huemul que está parado en la legislatura, le dijimos que hable con cada legislador”, señaló la misma fuente.
En tanto, Miranda señaló que no era el momento de presentar un proyecto para modificar la 7.722 y que esto no forma parte de la agenda del gobierno provincial.
De la misma opinión fue Bermejo, quien manifestó que hay intereses encontrados con el tema de la ley antiminería contaminante y manifestó que hay una línea que respetar y que es la del gobernador. No obstante, el maipucino también aclaró que “el humor social no es el mejor para un proyecto de esas características”.
Sin embargo, la estocada final fue del propio gobernador, quien en un primer momento negó que en la reunión del lunes se haya tocado el tema de modificar la 7.722, pero también se encargo de agregar que Agulles “está en su derecho, pero mi compromiso es mantener la vigencia de la 7722”.
Actualmente, la ley, que es defendida por los grupos antimineros y defenestrada por empresas mineras, está siendo analizada por la Suprema Corte de la provincia, que debe resolver sobre once recursos de inconstitucionalidad presentados por diversas compañías.
El dictamen saldría antes de fin de año y los encargados de darlo son los magistrados Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. No obstante, los sectores ecologistas han reclamado que sean los siete miembros de la Suprema Corte los que digan cuál será el destino de la ley y de los recursos.