Con nula experiencia política, el hombre tiene entre sus manos una de las brasas del Gobierno provincial en estos momentos, como es el conflicto con el sector salud. A la par, debe gestionar la complejidad del sistema público sanitario mientras lo va conociendo.
Más suelto que en otras consultas, Carlos Washington Díaz –tal como firma los decretos y resoluciones de su cartera– comienza por aclarar varios de los conceptos sobre la disponibilidad de recursos que circularon desde que comenzó la pelea más agria con Raquel Blas, titular de ATE, e Isabel del Pópolo, de AMPROS, por los aumentos de haberes 2012.
“El presupuesto 2012 es de $1.860 millones, según lo aprobado por la Legislatura. El presupuesto 2011 real, no el votado de $1,050 millones, sino el que se pagó finalmente fue de $1.450 millones. Entonces, no es que se haya duplicado el presupuesto, no partimos de gastar $1.050 millones, sino tendrían razón. El compromiso de reconocer el riesgo psicofísico este año que impacta el 22% sobre el sueldo, el compromiso de dar 10% a cuenta del aumento 2012 a partir de enero y los pases a planta permanente de los contratados, más algunas funciones jerárquicas suman para este año $ 289 millones. Y si partimos de $1.450 millones de gastos el año pasado, déjenme ver en qué punto estamos ahora para hablar de aumento de sueldos.
–¿Por qué dice esto último?–Nadie discute que el personal de salud debe ganar mejor, pero le doy un ejemplo: todos los niños del mundo merecen ir a Disneylandia, sin embargo, no se los puede llevar a todos, no hay recursos. Esto es igual, todo el personal de salud, los enfermeros, los administrativos, los médicos, deberían ganar mejor, pero no es posible. No es que el Gobierno no esté haciendo un esfuerzo. Estamos hablando de un incremento del 10% en enero independientemente de que esto se haya negociado el año pasado.
–Dejemos el año pasado, ¿el Gobierno aumentó 10% los sueldos de enero que fueron percibidos en febrero, la última oferta fue calculada sobre ese último haber liquidado?–No, se dice 20% al sueldo de diciembre, 10% en enero y se completa ahora al 20% sobre el sueldo de diciembre, por eso termina otorgando el 20% de aumento sobre la base de diciembre, porque si se calcula el 10% sobre febrero no es del 20, el incremento es el 21% o 21,50%.
–¿Se puede hacer un cálculo de aumento salarial sobre un sueldo que no está vigente?–Esto es una discusión contable, más que conmigo. Cuando se habla del 32% de incremento, es sobre el sueldo antes de que se produjeran esos pagos; se toma de base el sueldo de diciembre y yo prefiero ver el vaso medio lleno. ¿Ellos qué están planteando? ¿El 20% de aumento? ¿O quieren el 21% o el 40% sobre qué cosa, comparado con qué sueldo?
–Sobre la actual asignación de clase porque les repercute en todos los demás componentes del sueldo...–Entonces no contemplan el aumento de enero.
Antes de que Díaz Russo conteste, interviene Alejandro Aznar, subsecretario de Salud, quien presencia la entrevista y dice: “Se confundió este punto tal vez porque es la primera vez que se toma la decisión de dar un incremento en base a los sueldos de diciembre que se paga a partir del 1 de enero. Siempre se discuten los aumentos en marzo y se toma el sueldo de ese momento, pero acá se dio un aumento previo, a cuenta. En el acta paritaria, los gremios firmaron que el aumento del 10% de enero era a cuenta de la paritaria 2012, por eso se toma el sueldo de diciembre”.
–¿Ministro, cuál va a ser el criterio para la propuesta que llevarán el próximo miércoles?–Se va a aumentar el básico y se van a dar simulaciones tratando de establecer un beneficio más homogéneo para todos. Lo que debemos encontrar son coincidencias con los trabajadores.
–¿Cuando usted se refiere a encontrar coincidencias con los trabajadores, significa que van a puentear a los gremios?–No, no. La discusión es con la mesa paritaria, pero lo que quiero decir es que la decisión final la tienen los trabajadores y lo que hacen los gremios es interpretar la voluntad de los trabajadores.
–Pero en las asambleas, que son duras y muy discutidas, en general prevalece el criterio de los líderes.–¿Cuánta gente va a las asambleas? Muchos no son...
–No, en general, van muchos y tanto Blas como Del Pópolo tienen un alto poder de convencimiento.–Vamos a lo práctico, las simulaciones van a estar. Muchos trabajadores no saben cómo impactan los aumentos. Yo creo que muchos no han tenido el tiempo de establecer un comparativo con el año pasado y en estos pocos meses ver cuánto representa el incremento que ya tienen. El esfuerzo es grande y creo que lo van a ver.
–¿Por qué decidieron esperar hasta el miércoles si tienen clara la propuesta? El invierno está cerca y sería muy complicado atender a la población si el conflicto se agrava.–Porque las simulaciones no se hacen con rapidez, hay que mover cuánto es para cada régimen, con todas las clases, con la antigüedad, con las diferentes cargas horarias. Y es justo que la pidan para que puedan ponderar la propuesta y porque hemos analizado muchas alternativas, ya que muchas cosas se modifican si se aumenta el básico.
Recuperar el cobro a las obras socialesEl ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, intenta por estos días que las obras sociales les paguen a los hospitales y centros de salud de la provincia lo mismo que abonan por las prestaciones en el ámbito privado. Para ser más claros: una consulta médica de un afiliado de OSEP es abonada a una clínica privada a $50 y al Hospital Central a $ 25.
Esa diferencia de precios se produce porque los privados negocian con las obras sociales y las prepagas para atender a sus afiliados por fuera del costo de las prestaciones establecidas por Nomenclador Nacional, el cual es normado por varias leyes y resoluciones, las más recientes la Nº1.080/11 y la 1.081/11 del Ministerio de Salud de la Nación. Dicho nomenclador rige en todo el país y su objetivo es establecer los precios de salud, pero en general quedan muy desactualizados porque es la Nación la que debe renovarlo y muchas veces la presión de los gremios impide avanzar sobre los aumentos de las prestaciones . Las acciones de Díaz Russo van en dos sentidos: lograr un acuerdo con las obras sociales a través de la CGT, para que reconozcan que los precios de los servicios médicos han subido. Según el ministro, este punto ya está avanzado y va atado a la segunda acción: pedirle a la Nación que el Nomenclador sea el piso y no el techo de los montos de cada módulo (consultas, partos, cirugías, etc.). Este último punto está siendo negociado con la Superintendencia de Servicios de Salud, la cual debería autorizar este cambio para darle un marco legal acorde a las actualizaciones buscadas. En otro sentido, también se está trabajando con los hospitales y centros de salud del Estado para que mejoren la facturación a las obras sociales, ya que se cobra muy poco de todas las prestaciones. Según los cálculos oficiales, el año pasado se abonó a las obras sociales un monto total de $95 millones, pero este ingreso debería aumentar sustancialmente si todos los pacientes son registrados y los consumos de los mismos son facturados, ya que por ahora dicha facturación es muy baja en los hospitales.