Durante la sesión de la Cámara de Senadores este martes, la oposición denunció la existencia del decreto que cambia la historia del conflicto por la promoción industrial y el acuerdo de desendeudamiento. Carlos Aguinaga ya había mencionado esta situación

El PD insistió con un acuerdo secreto entre Jaque y la Nación y analiza pedirle juicio político

Por UNO

El PD insistió con que el gobernador Celso Jaque utilizó una maniobra oculta para arreglar con laNación por la promoción industrial a cambio del desendeudamiento y ahora analiza pedirle juicio

político para escudriñar su desempeño en el manejo de la promoción industrial. Anoche se reunió la

Junta Central de Gobierno para analizar el caso, según expresó el senador Carlos Aguinaga.

La oposición legislativa aseguró que accedió a un decreto del Poder Ejecutivo que se había

mantenido en secreto, con el que se prueba que el gobernador Celso Jaque firmó con la Nación el 26

de agosto de 2010 un "Convenio Bilateral" por el que en el mismo acto "desistía de la acción y del

derecho" por el reclamo ante la Corte por la Promoción Industrial.

Al mismo tiempo, según el documento, se incluía a Mendoza en el convenio por el

desendeudamiento para refinanciar una deuda de $ 2.882 millones que mantiene la provincia con la

Nación.

El decreto lleva el número 1977 y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Este martes

durante la sesión de la Cámara de Senadores, la oposición denunció la existencia del decreto que

cambia la historia del conflicto que ha concentrado la atención de la provincia desde hace seis

meses aproximadamente, cuando se conoció la existencia del decreto 699 que extendió el beneficio de

la promoción industrial a las provincias vecinas.

Para la oposición "es la prueba clave que verifica que el Gobierno canjeó la inclusión de

Mendoza en el convenio por el desendeudamiento a cambio del desestimamiento de la demanda ante la

Corte por la promoción industrial, situación que el gobierno de Jaque negó con ahínco.

Aguinaga sostiene que la existencia de ese decreto es prueba suficiente para establecer que

el desestimamiento del juicio por la promoción fue una decisión del gobernador en la que el fiscal

de Estado, Joaquín de Rosas "no tuvo responsabilidad", tal

como

adelantó ayer este diario.

El radicalismo por su parte pidió la interpelación en el recinto del ministro de Hacienda

Adrián Cerroni por considerar que "mintió descaradamente –según las expresiones del senador Juan

Carlos Jaliff- porque 7 de septiembre dijo ante los legisladores que la inclusión en el convenio

por el desendeudamiento no estaba supeditado al desestimiento de la demanda por la promoción

industrial, y mintió porque el 26 de agosto había firmado el decreto 1977 que decía exactamente lo

contrario a lo que nos dijo".

El intento de los radicales no prosperó porque no alcanzaron los votos para que el pedido de

interpelación resultara aprobado.