Por Analía Boggia
El Partido Demócrata advirtió que con la conformación acordada para la empresa provincial de energía los municipios pierden poder de decisión sobre el manejo de los recursos energéticos.
Una semana después de que la Legislatura convirtiera en ley la creación de la empresa provincial de energía, los demócratas (los únicos que se opusieron en la votación de ambas cámaras) levantaron otra vez la voz. Esta vez, las críticas fueron contra la composición del directorio que tendrá la firma estatal que permitirá a la Provincia intervenir en el negocio energético.
El diputado provincial Aldo Vinci (PD) cuestionó que la iniciativa deje fuera de las decisiones a los municipios, que contarán con acciones clase B y no podrán designar directores.
“El estatuto sancionado sólo le otorga la posibilidad de elegir 5 directores a los poseedores de acciones clase A, entonces las deliberaciones y decisiones siempre estarán en cabeza del socio mayoritario”, según consideró el legislador.
La norma aprobada el miércoles 30 de mayo en la Cámara de Diputados estableció que la empresa tendrá un directorio compuesto por cinco miembros y que tanto el director presidente como los otros cuatro integrantes serán designados por el titular de las acciones clase A.
Según el texto avalado en la Legislatura las acciones de clase A representan el 71% del capital, que quedará en manos del Estado provincial. Mientras que las acciones clase B tendrán un 10% que será manejado por las Municipalidades y las acciones clase C poseerán el 19% del capital y también quedarán en manos del Estado.
Si bien la letra de la norma deja expresamente escrito que cada acción tendrán derecho a un voto, Vinci asegura que eso no ocurrirá, puesto que el único que designará directores es el dueño de las acciones clase A.
“La empresa viene a lograr en la realidad constituir una sociedad de un solo socio, puesto que el accionista de la clase B nunca tendrá la posibilidad de lograr la modificación del estatuto para ingresar al directorio porque no tiene los votos suficientes para ello”, dijo Vinci a diariouno.com.ar. Y agregó que “el órgano de control no debiera autorizar un estatuto como el sancionado, bajo pena de nulidad”.
Según el legislador, “esto afecta el derecho político de los accionistas de deliberar y de voto, debido a que no tendrán un director para expresarse”.
El otro punto que critica el diputado Vinci es que en el caso de que el Estado provincial decidiera en el futuro desprenderse de las acciones clase C sería inviable que cotizara en la Bolsa. “Si la intención de la clase C es transferirla para que cotice en Bolsa, esta carecerá de total valor por no tener posibilidad de acceder al directorio”.