El Gobierno pretende salvar al funcionario, pero no logró imponer su criterio de mayoría para la votación. El panorama se complica porque Cristina no firma el decreto de beneficios impositivos para Mendoza.

El oficialismo sufrió el primer revés en el Jury que se le sigue al Fiscal de Estado

Por UNO

El oficialismo no pudo imponer su criterio en el Jury de Enjuiciamiento que se le sigue al fiscalde Estado, Joaquín de Rosas, y en ese sentido fracasó en su intento de ampliar la cantidad de votos

necesarios para definir la suerte del funcionario que

fue

acusado por el radicalismo por mal desempeño en el conflicto de la promoción.

En la reunión del Jury que se realizó esta mañana en la sede de tribunales, se terminó

imponiendo el criterio de la oposición de que la mayoría válida que debe considerarse para votar a

favor o en contra del fiscal sea de 11 votos y no de 12 como pretendía el PJ. Esto, como forma de

elevar el piso de voluntades necesarias para definir la votación que se realizará en quince días.

El tribunal tiene 21 miembros, entre los cuales hay 14 legisladores y siete jueces. Los

radicales apuntaban a que la mayoría que debe considerarse válida es de 11 votos, mientras que en

el oficialismo sostuvieron que la cantidad necesaria era 12.

La discusión de fondo se dio porque en el caso del quórum, se considera que doce personas

presentes habilitan a los miembros a emitir un dictamen, mientras que para la votación la ley de

Jury establece que debe haber mayoría absoluta. Esa diferencia, que puede llegar a ser fundamental

a la hora de decidir si De Rosas a debe ser acusado o no, se mantuvo hasta hoy y fue definida, en

favor de la postura de la UCR, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Perez

Hualde quien desempató.

El pedido de destitución del fiscal de Estado fue presentado a mediados de octubre por los

legisladores del Frente Cívico, en un escrito de 17 fojas, en donde se apunta a demostrar que el

funcionario no respetó el mandato constitucional al

levantar las demandas que Mendoza había iniciado para frenar el avance de la

promoción industrial en las provincias vecinas, con el sólo sustento de un "borrador" de

decreto presidencial que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, y que por lo tanto aún no

tiene vigencia.

Desde que la denuncia fue presentada, el Gobierno espera un hecho clave: que Cristina

Fernández finalmente firme el decreto de la promoción. Pero eso ha ocurrido hasta el momento, a

casi dos meses de que se hiciera el anuncio, y eso complica la situación del fiscal.

Este miércoles De Rosas presentó su defensa en un escrito, del que no trascendieron detalles

porque aún no se hizo público, en el que el fiscal fijó en 15 carillas su argumento de que el

desestimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación del reclamo por la promoción se hizo "

dentro del marco legal, de la razonabilidad y en beneficio de la provincia".