Luego de aprobar el estatuto de compañía de Energía del Estado, legisladores e intendentes justicialistas impulsarán el emprendimiento estatal en el campo minero. Aseguran que no modificarán la ley 7.722, aunque hay funcionarios que ya se han manifesta
El oficialismo decidió avanzar con la creación de una empresa de minería
Por UNO
Por Daniel Calivares
Una vez que la legislatura provincial apruebe el estatuto de la Empresa de Energía al gobernador Francisco Pérez, el justicialismo está decidido a contraatacar con otro anhelo, pero no ya del mandatario, sino de algunos intendentes: la empresa estatal de minería.
En la casa de las leyes, hace más de un año da vueltas un proyecto que pretende crear una empresa provincial de minería y que pertenece al senador Ignacio Ortigala, una de los hombres de confianza del intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham.
A pesar del tiempo pasado, en el oficialismo se mantiene la pretensión sobre su creación. De hecho, la empresa provincial de Energía, que fue convertida en ley hace unos días, pretendía contener a la minería, pero la necesidad de un consenso, llevó a que en el Senado provincial se eliminara la parte minera del proyecto.
Por ello, una vez que el Ejecutivo provincial tenga listo el estatuto, la legislatura lo apruebe y el gobernador Francisco Pérez designe quienes serán los que ocuparán los puestos de director y consejeros, el oficialismo redoblará la apuesta e irá por la empresa de minería.
Así lo explicó, Ortigala, quien aseguró que hasta el momento, la prioridad era la empresa de Energía pedida por Pérez hace más de dos años, pero cuando esta ya esté constituida definitivamente “nosotros comenzaremos a abrir el debate, porque Mendoza necesita manejar sus recursos”, explicó el senador, utilizando el mismo argumento usado a la hora de crear la primera de las empresas estatales.
Según Ortigala, esto no significa modificar la ley 7.722, sino ir un poco más allá e intervenir en el resto de la producción minera que se hace en Mendoza, entre ellas, las de segunda y tercera categoría, como la cal.
“Me parece que todo eso debe estar regulado, hoy hay tres o cuatro trenes que salen por día. Abrir esto a la discusión no significa pelear contra alguien ni tampoco ponerse a favor de la actividad, sino que hay que regular y controlar”, afirmó el legislador provincial.
Con la iniciativa de Ortigala, se pretende discutir también la regalía minera y obtener un porcentaje de las ganancias que logran las empresas, pero además se respondería al reclamo de algunos intendentes que ven en la ley 7.722 una forma de obtener menos recursos económicos.
De hecho, según el miembro de la Cámara Baja, entre los que lo acompañarán se encuentran varios legisladores e intendentes. De este último grupo forman parte Abraham (Guaymallén) y Rubén Miranda (Las Heras).
La resistencia
Consciente de que un proyecto como la empresa minera puede enfrentar al oficialismo con parte de la sociedad mendocina y con los intendentes del Valle de Uco, Ortigala aseguró una y otra vez que no se trata de modificar la ley 7.722, aunque pidió que a la hora del debate, intervengan geólogos, ingenieros y otros profesionales.
“Sino pasa que entra a discutir un legislador con un chico de 20 años que lleva una remera que dice 'No a la minería' y eso se convierte en fanatismo”, explicó el justicialista, quien pidió también la opinión del sindicato de mineros.
Más proyectos
En el oficialismo son varios los legisladores que buscan involucrarse con la minería y que quieren modificar la ley 7.722.
Por un lado, el presidente de la cámara de Diputados Jorge Tanús ha dicho, en varias ocasiones, que el territorio provincial debería ser dividido por zonas de actividad económica, para de esa forma permitir más abiertamente la explotación minera, pero sólo en las zonas autorizadas.
El senador de Malargue, José Muñoz, ha mostrado su intención de presentar un proyecto por el cual se pretende que a la hora de un proyecto minero, las etapas de exploración y prospección no deban pasar por la Legislatura para su aprobación.
Ortigala consideró una locura que a las empresas se les haya prohibido explorar, “porque esto da trabajo e incluso tendríamos un mapa de los minerales de nuestra cordillera”, explicó.
