Por Javier Polvani
Sebastián Sarmiento, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, describió así la crisis por la que atraviesan los penales provinciales. Le dijo a este portal que revueltas como la de ayer en Almafuerte "seguirán ocurriendo porque hay un efect
"El motín del 2000 aún no termina en sus efectos institucionales, durará 10 años más"
El Servicio Penitenciario Provincial padece una crisis de formación de cuadros de conducción de guardiacárceles que se arrastra de la época del histórico motín vendimial de 2000. Así lo analizó el director del organismo, Sebastián Sarmiento, en medio de una ola de incidentes que pusieron nuevamente en el centro de la escena la situación de las cárceles de Mendoza.
“El motín del 2000 todavía no termina en los efectos institucionales y el proceso de reparación va a llevar 10 años más”, expresó el director del Servicio Penitenciario este martes en la mañana, un día después de que se sucedieran dos incidentes en la cárcel de máxima seguridad de Campo Cacheuta: una mini revuelta con dos internos y un preso que obvio el régimen de salida diurna que permite el sistema.
Sarmiento es abogado y lleva seis años dentro del Servicio Penitenciario. Consideró que su desembarco tan rápido en la dirección es consecuencia del resquebrajamiento de la formación de cuadros de conducción dentro de la carrera penitenciaria. Para el titular del organismo, la Provincia aún esta pagando, y lo seguirá haciendo, por el cuestionado desempeño de los líderes carcelarios del Estado que se hicieron famosos como integrantes de las tres B (Oscar Bianchi, Claudio Barrios y Alejandro Balmes).
Si bien las actuales autoridades gubernamentales consideran que los ex caciques de los penitenciarios ya no tienen poder de alinear tropa dentro del Servicio Penitenciario, las consecuencias del reinado que tuvieron serán más difíciles de subsanar que lo que costó dejarlos sin capacidad operativa de bajar línea hacia la interna de los guardiacárceles. En el gobierno admiten que actualmente hay parientes de los integrantes de las tres B entre los efectivos que cuidan a los presos pero asegura que no tienen seguidores como para comprometer la estabilidad del servicio.
Dos mil ascensos en cuatro años
También desde el gobierno desmintieron la hipótesis del diputado Daniel Cassia (PJ disidente), quien asegura que el malestar dentro de la tropa penitenciaria se debe a la organización de los ascensos dentro del servicio. “En los últimos cuatro años reprodujeron dos mil ascensos, no hay problemas en ese aspecto. El servicio llevaba 15 años sin ascensos, no veo cómo puede ser ahora ese el problema”, sostuvo Sarmiento, quien estuvo analizando la situación en general con el ministro de Gobierno Félix González.
“Los que no ascendieron es porque no cumplían los requisitos, principalmente porque están concursados, quebrados, sumariados, con licencias psiquiátricas de al menos tres meses o por enfermedad, de un año, que son todos impedimentos legales que no pusimos nosotros”, remarcó el director del servicio. Sarmiento insistió que la normalización de la situación de los guardiacárceles “va a llevar un proceso de 10 años más para reordenar todo”.
Excarcelaciones sin consentimiento gubernamental
Otra variable que complica seriamente al Servicio Penitenciaria es el nivel de reincidencia de los presos que obtienen la libertad por orden judicial antes de cumplir la condena que se les impuso por el delito cometido. “Hay una cantidad de excarcelaciones que la Cámara de Apelaciones otorga aún teniendo de antecedente dictámenes criminológicos negativos”, se quejó Sarmiento.
El gobernador Paco Pérez ya tomó nota de esta situación y por eso entre las tareas que le encomendará a la designada subsecretaria de Justicia, Romina Ronda (no asume el cargo todavía), resalta la amalgama de ciertos temas con el Poder Judicial. Acordar un criterio uniforme entre la Justicia y el Gobierno sobre las excarcelaciones es una tarea de gran dificultad, puesto que cada juez es independiente y sus resoluciones no pueden ser influenciadas por las autoridades de Gobierno pero en el Ejecutivo se esperanzan en lograr algún punto de consenso con la cabeza del Poder Judicial para que no se repitan las circunstancias que hoy son vistas como causantes de más de uno de los incidentes que surgen en las cárceles.
“Efecto racha”
En los últimos tiempos hubo una serie de hechos intramuros que golpearon públicamente a las autoridades penitenciarias. Desde algunas revueltas hasta el principal incidente del verano, que fue la fuga de tres presos de la cárcel de máxima seguridad de Luján.
“En esto sabemos que hay un efecto racha, por eso dimos instrucciones precisas para que los penitenciarios estén atentos. Es como con la violencia escolar, cuando hay un caso que tiene repercusión suelen sucederlo otros”, explicó Sarmiento.
Además, admitió que para que se produjera la mini revuelta que complicó el lunes en Almafuerte hubo un penitenciario que no siguió el protocolo de encierro. Como se previó que podía agitarse la situación interna de los penales de la provincia, se extremaron las medidas para evitar situaciones como la ocurrida.
Para eso se fijó que los encierros en las celdas debían hacerse con apoyo de los grupos especiales de seguridad interna de cada unidad carcelaria. Sin embargo, un penitenciario de Almafuerte no obedeció esa disposición y cuando quiso el encierro de dos presos sin ayuda de nadie fue sorprendido y los internos lo tuvieron unos minutos como rehén para llamar la atención de las autoridades y reclamar mejoras en sus situaciones de detención.