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Alejandro Pérez Hualde se manifestó en contra de la propuesta de la jueza de la Corte Nacional Carmen Argibay. Para el magistrado local, las cruces siginifican una postura respetuosa de Dios, prevista en el Preámbulo de la Constitución. Quiénes e

El jefe de la Corte de Mendoza rechazó la idea de quitar los crucifijos de los tribunales de justicia

El jefe de la Corte de Mendoza rechazó la idea de quitar los crucifijos de los tribunales de justicia

El presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, aseguró que no comparte lainiciativa de la ministra de la Corte de la Nación Carmen Argibay de remover todos los símbolos

religiosos de las salas de audiencia porque "condicionan". Dijo que en Mendoza no está pensadoimplementar esa medida.
"En el mismo carácter que opina ella, y a título personal, yo no estoy de acuerdo primeroporque nuestra Constitución tiene un compromiso con la religión católica que aparece en elPreámbulo. Allí hay un compromiso hacia una postura respetuosa de Dios y eso que nuestra cartamagna no es vieja porque se renovó en 1994 y sin embargo se mantuvo este compromiso religioso",afirmó el magistrado al ser consultado por diariouno.com.ar. Pérez Hualde -quien es católico- dijo que respeta el pensamiento ateo, pero que "no ponernada no es una postura neutral tampoco, es otra opción. En el terreno jurídico, la Corte Suprema deEstados Unidos tuvo discusiones muy ricas al respecto y actualmente hay estados en los que seinvoca a Dios antes de cada sesión del parlamento y otros en los que no". Si la idea de Argibay prospera, no implicará que en Mendoza se deba hacer lo mismo y que hayaque retirar todos los crucifijos de los lugares públicos porque ese poder no dicta facultadesadministrativas a las cortes provinciales. "En algunos juzgados hay crucifijos y en nuestra sala dereuniones también, pero nunca se planteó ésto para la provincia. Aún cuando hubo un ministro de laCorte que era ateo", dijo Pérez Hualde. Argbibay instaló el debate en la sociedad la semana pasada cuando aseguró que nunca tuvo uncrucifijo en su despacho porque es "una funcionaria de un Estado laico, como es el argentino" yagregó que "tener un símbolo religioso condiciona". Dijo que esa opinión es compartida por lavicepresidente, Elena Highton de Nolasco, y que también le comentó su idea a la presidenta delConsejo de la Magistratura, Luis María Cabral. Posiciones encontradas Este portal consultó a dos profesionales y una jueza, quienes aportaron puntos de vista afavor y en contra de la iniciativa. Para el abogado Carlos Lombardi la medida es necesaria porque "no hay religión oficial delEstado en Argentina que faculte a los órganos estatales a colocar simbología religiosa, sobre todode la religión católica. Creo que hay un ejercicio abusivo de la libertades religiosas por parte defuncionarios y magistrados, por eso adhiero a la opinión de que en las dependencias oficiales nodebe haber signos religiosos". En contraposición, la jueza del Tercer Tribunal Tributario, Gabriela Ábalos, manifestó que "toda nuestra historia constitucional tiene como participe a la Iglesia Católica Apostólica Romana,lo que evidencia una tradición constitucional argentina unida con una religión preponderante porsobre las demás".  Y agregó que: "Mi opinión es que la tradición costumbrista de tenersímbolos tiene que ver con esa historia y en ningún debate podemos desconocer nuestra historia eneste tema. Si bien es un estado laico, siempre tuvo este trato preferencial para con esta religiónque no implica menoscabar la libertad de culto". Ábalos, por ejemplo, fue quien colocó el crucifijo que hay en su juzgado y aseguró que loconsensuó con la gente con la que trabaja. "A mí como jueza no me limita porque mi obligación esaplicar las leyes. No me provoca ninguna situación de parcialidad a la hora de juzgar a unapersona, pero como profesora de Derecho Constitucional sí respeto la tradición de la presencia delDios católico en el Preámbulo de la Constitución". Por otro lado, el abogado Marcelo Puerta –y ex director del penal Almafuerte durante lagestión de Julio Cobos- está al frente de la ONG 20 de Septiembre que promueve el librepensamientoy el humanismo en la provincia y opinó que "el Ejecutivo tiene que explicar por qué hay símbolosreligiosos en las oficinas públicas porque en ningún lado dice que tiene que ser así". Esa organización presentó a fines de 2009 una nota en Casa de Gobierno, el Poder Judicial yla Legislatura pidiendo que expliquen "en qué norma legal se basan para ostentar símbolosreligiosos en ámbitos públicos". La única respuesta llegó de un asesor del Ejecutivo que se amparóen el artículo 2 de la Primera Parte de la Constitución Nacional que dice que "el Gobierno federalsostiene el culto católico apostólico romano". Para Puerta la respuesta es errónea porque no justifica la presencia de los símbolos yaseguró que "pensamos iniciar acciones legales porque queremos que la Justicia se exprese alrespecto".

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