El jefe de la Corte de Mendoza rechazó la idea de quitar los crucifijos de los tribunales de justicia

"En el mismo carácter que opina ella, y a título personal, yo no estoy de acuerdo primero

porque nuestra Constitución tiene un compromiso con la religión católica que aparece en el

Preámbulo. Allí hay un compromiso hacia una postura respetuosa de Dios y eso que nuestra carta

magna no es vieja porque se renovó en 1994 y sin embargo se mantuvo este compromiso religioso",

afirmó el magistrado al ser consultado por diariouno.com.ar.

Pérez Hualde -quien es católico- dijo que respeta el pensamiento ateo, pero que "no poner

nada no es una postura neutral tampoco, es otra opción. En el terreno jurídico, la Corte Suprema de

Estados Unidos tuvo discusiones muy ricas al respecto y actualmente hay estados en los que se

invoca a Dios antes de cada sesión del parlamento y otros en los que no".

Si la idea de Argibay prospera, no implicará que en Mendoza se deba hacer lo mismo y que haya

que retirar todos los crucifijos de los lugares públicos porque ese poder no dicta facultades

administrativas a las cortes provinciales. "En algunos juzgados hay crucifijos y en nuestra sala de

reuniones también, pero nunca se planteó ésto para la provincia. Aún cuando hubo un ministro de la

Corte que era ateo", dijo Pérez Hualde.

Argbibay instaló el debate en la sociedad la semana pasada cuando aseguró que nunca tuvo un

crucifijo en su despacho porque es "una funcionaria de un Estado laico, como es el argentino" y

agregó que "tener un símbolo religioso condiciona". Dijo que esa opinión es compartida por la

vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, y que también le comentó su idea a la presidenta del

Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral.

Posiciones encontradas

Este portal consultó a dos profesionales y una jueza, quienes aportaron puntos de vista a

favor y en contra de la iniciativa.

Para el abogado Carlos Lombardi la medida es necesaria porque "no hay religión oficial del

Estado en Argentina que faculte a los órganos estatales a colocar simbología religiosa, sobre todo

de la religión católica. Creo que hay un ejercicio abusivo de la libertades religiosas por parte de

funcionarios y magistrados, por eso adhiero a la opinión de que en las dependencias oficiales no

debe haber signos religiosos".

En contraposición, la jueza del Tercer Tribunal Tributario, Gabriela Ábalos, manifestó que "

toda nuestra historia constitucional tiene como participe a la Iglesia Católica Apostólica Romana,

lo que evidencia una tradición constitucional argentina unida con una religión preponderante por

sobre las demás".  Y agregó que: "Mi opinión es que la tradición costumbrista de tener

símbolos tiene que ver con esa historia y en ningún debate podemos desconocer nuestra historia en

este tema. Si bien es un estado laico, siempre tuvo este trato preferencial para con esta religión

que no implica menoscabar la libertad de culto".

Ábalos, por ejemplo, fue quien colocó el crucifijo que hay en su juzgado y aseguró que lo

consensuó con la gente con la que trabaja. "A mí como jueza no me limita porque mi obligación es

aplicar las leyes. No me provoca ninguna situación de parcialidad a la hora de juzgar a una

persona, pero como profesora de Derecho Constitucional sí respeto la tradición de la presencia del

Dios católico en el Preámbulo de la Constitución".

Por otro lado, el abogado Marcelo Puerta –y ex director del penal Almafuerte durante la

gestión de Julio Cobos- está al frente de la ONG 20 de Septiembre que promueve el librepensamiento

y el humanismo en la provincia y opinó que "el Ejecutivo tiene que explicar por qué hay símbolos

religiosos en las oficinas públicas porque en ningún lado dice que tiene que ser así".

Esa organización presentó a fines de 2009 una nota en Casa de Gobierno, el Poder Judicial y

la Legislatura pidiendo que expliquen "en qué norma legal se basan para ostentar símbolos

religiosos en ámbitos públicos". La única respuesta llegó de un asesor del Ejecutivo que se amparó

en el artículo 2 de la Primera Parte de la Constitución Nacional que dice que "el Gobierno federal

sostiene el culto católico apostólico romano".

Para Puerta la respuesta es errónea porque no justifica la presencia de los símbolos y

aseguró que "pensamos iniciar acciones legales porque queremos que la Justicia se exprese al

respecto".