El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) instó a los municipios del Gran Mendoza a que hagan cumplir las ordenanzas que obligan a dueños de terrenos baldíos a cerrar su propiedad para evitar focos de usurpación. Su titular, Carmelo Simó, adelantó que esta medida será una de las propuestas que llevará Mendoza al Consejo Federal de Viviendas.A la par, El IPV le pidió al Ministerio de Seguridad que amplíe los patrullajes en 10 barrios prontos a entregar para evitar tomas. La medida alcanza en especial a dos del oeste de Godoy Cruz. Ante la toma de terrenos en Villa Soldati y Lugano, ambos distritos de la Capital Federal, y la seguidilla de conatos de usurpaciones en distintos puntos del país, el consejo se reunió el jueves y viernes últimos para elaborar un plan de prevención. En el encuentro, en el cual participó Simó, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo, les manifestó a los integrantes del consejo su “preocupación” por los baldíos de particulares y les pidió que piensen estrategias para controlarlos.“Los municipios deben hacer cumplir el cierre perimetral de los baldíos. La mayoría tienen ordenanzas que así lo exigen y a veces son las propias comunas las que se encargan del cierre y luego lo cargan al padrón municipal, de modo tal que en algún momento el dueño del terreno se hace cargo, ya sea porque quiere construir o porque quiere venderlo”, justificó Simó.De todos modos, el funcionario aclaró que “también cada uno tiene que cuidar sus propios intereses y cerrar su propiedad para evitar estas situaciones (por las usurpaciones) y otras relacionadas con la inseguridad o para evitar que arrojen basura”.La Ley Orgánica de Municipalidades Nº1.079 establece en su artículo 7 que las comunas pueden “disponer la construcción y conservación de las cercas y veredas de los predios existentes en el Municipio y con cargo de rembolso las de los predios sin dueño conocido y de aquellos cuyos propietarios no cumplan con la obligación que tengan de hacerlo en los plazos y condiciones establecidos en las ordenanzas respectivas”.Diario UNO publicó en junio del año pasado un relevamiento realizado por los municipios el cual arrojaba que por esa fecha había casi 12.000 baldíos sin cierre perimetral en el Gran Mendoza. Cargos especiales en el Impuesto Inmobiliario y leyes que aceleren los tiempos procesales administrativos para gestionar los cobros son algunas de las ideas de las comunas para dar solución al problema, sin embargo ninguna ha prosperado en el tiempo.Recientemente, en noviembre último, Maipú destinó $7.500 para comenzar a ejecutar el cierre perimetral de baldíos denunciados por los vecinos y relevados por la propia Comuna. Las obras incluyen tela romboidal y postes de madera de hasta dos metros de altura y tienen un costo de $60 por metro lineal. Los propietarios de esos terrenos deberán rembolsar los gastos que realice el Municipio, abonando en efectivo o en cuotas.Impuesto a la plusvalíaOtro de los puntos que analizará el Consejo Federal de Vivienda es la gran cantidad de terrenos particulares que se ven beneficiados por obras realizadas en superficies lindantes. “Muchas veces el IPV, o el Municipio o la Provincia urbaniza la zona, lleva servicios como agua, luz y gas, y con eso aumenta el valor de los baldíos. Después los dueños piden barbaridades en la venta del terreno, cuando ha sido el Estado, en sus diversas variantes, el que ha financiado las mejoras. Por eso creemos que debe aplicarse algún impuesto diferencial por la plusvalía”, explicó Simó.Doble mensaje“Lo de La Favorita es viejo y se hizo la denuncia pertinente”, explicó Carmelo Simó, presidente del IPV, respecto de una gran cantidad de terrenos usurpados en ese conglomerado de barrios del Oeste de la capital mendocina.UNO publicó en su edición de ayer que la toma de terrenos, en especial los de la cisterna de agua del barrio Andino, frena la llegada de fondos nacionales para obras.El funcionario detalló que los okupas “son hijos de vecinos de la zona y otros nuevos. Logramos acordar con ellos que cuiden para que no entren más porque si no no habrá solución posible”.De todos modos, Simó se preguntó: “¿Qué mensaje les estamos dando a los vecinos que siguen todos los pasos legales para tener su vivienda ante estos que ocupan terrenos?”.
El organismo provincial que construye viviendas en Mendoza recordó que las comunas deben hacer
cumplir las ordenanzas que exigen a los dueños cercar sus propiedades. Y pidió a Seguridad que
amplíe el patrullaje en 10 barrios prontos a entregar.