El intendente de Luján y el Grupo 7 se enfrentaron por un control de micros que quieren clausurar

El intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi, y el dueño de la empresa de transportes El Cacique, del Grupo 7, se enfrentaron por el control de colectivos ubicada en las cercanías del nudo de Paso y Acceso Sur, en Carrodilla.Es que el jefe comunal pidió la clausura de ese garaje alegando el incumplimiento de una ordenanza municipal. En tanto, el empresario denuncia que hay intencionalidad política de parte del municipio con esta amenaza y le pidió a Parisi una audiencia para resolver las diferencias en vez de hacer declaraciones por los medios. “La ordenanza que tenemos de ordenamiento territorial no permite que se coloque un garaje micros porque causa molestia a los vecinos y daño ambiental. La anterior gestión hizo una excepción y lo autorizó a cambio de una serie de obras que tenían que hacer. Llevan 6 años y no hicieron nada”, aseguró el intendente a diariouno.com.ar. Las obras que debía hacer la empresa, según manifiesta Parisi, incluyen la pavimentación de las arterias lindantes al garaje y una playa de estacionamiento para los automóviles del personal, entre otros arreglos. ”Las calles por donde ingresan los colectivos están destruidas y debería pavimentarlas y mantenerlas en buen estado”, aseguró Parisi. (Este portal pudo constatar que las arterias lindantes se encuentran en muy mal estado). El argumento de la empresaSergio Pensalfine, propietario de la empresa, negó categóricamente las acusaciones de la comuna y denunció intencionalidad política en la persecución de Parisi. “No esta nada escrito, nunca se firmó ningún convenio. Si hay que convenir algo no tenemos problema. Pero esto es una cuestión política. El problema es que la Provincia está haciendo una obra sin tener en cuenta esta Terminal, no hicieron impacto ambiental y se valieron de un estudio del 2003 cuando no estábamos”, dijo en referencia al nudo vial del Acceso Sur y Paso, ubicada a pocos metros del control del Grupo 7. El empresario sostuvo que debido a la falta de previsión de parte de la Provincia al no tener en cuenta el control del 7, la empresa se ve obligada a realizar “muchos kilómetros muertos” para sortear los desvíos y que, al finalizar la obra, tendrá cerca de 20 minutos de viaje de más por cada colectivo para poder cumplir con el servicio, lo que representará un gasto para el Estado en subsidios por kilómetro recorrido. Respecto al supuesto incumplimiento de la normativa municipal, Pensalfine asegura que nunca se estipuló qué tipo de obras debía realizar, por lo que “no voy a asfaltar una calle sin el consentimiento de la municipalidad”. Por tratarse de un servicio público, la municipalidad no puede clausurar el predio sin antes informar a la dirección de Vías y Medios del Ministerio de Infraestructura. Sergio Rocamora, jefe del cuerpo de abogados del municipio, aseguró que están enviando las notificaciones pertinentes para poder proceder con la clausura.