A raíz de las denuncias de que grupos de abogados promovieron la industria del juicio en la zona, el Gobierno le pidió a la Corte que aceleren los procesos en los tribunales de esa zona. El ministro de Gobierno, Mario Adaro, se reunió con los miembros de la Suprema Corte de Justicia por este tema.junto al titular de las ART, Juan González Gaviola.El pedido se formalizó esta mañana en un encuentro que el titular de la cartera polìtica mantuvo con integrantes del máximo tribunal de justicia en tribunales, hasta dónde llegó acompañado por el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Sebastián Godoy Lemos y González Gaviola.Adaro destacó la importancia de la reducción de los reclamos “ya que Mendoza y Córdoba estaban en los primeros lugares en las prácticas profesionales que generaban fraude laboral”. El ministro adelantó -según expresa un comunicado oficial- que en pocos días se enviará a la Legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que será una garantía de los derechos de los trabajadores y un respaldo de protección jurídica a las empresas e inversionistas”.En 2009 distintos empresarios denunciaron ante el gobernador Celso Jaque y la Federación Económica de Mendoza, que habían recibido, por ejemplo en el caso del Vivero Las Delicias, de San Martín, más de 200 cartas documento de personas que nunca habían trabajo en ese lugar pero que reclamaban sueldos, aportes y aguinaldos. Otro productor de vides recibió 240 cartas documentos.La justicia intervino y se recusó una de las cámaras laborales e imputaron a los abogados Horacio Luna y Silvia Panella además fue un disparador ya que comenzaron a ventilarse más casos como el “negocio de las demandas fraguadas o irregulares en su origen”, expandiéndose a otros puntos de Mendoza e incluso a rubros como la hotelería.Hace pocas semanas, el Colegio de Abogados de la Zona Este había emplazado a Adaro y al empresario vitivinícola José Zuccardi, a que “identifiquen ” a los letrados que estarían incurriendo en irregularidades con demandas laborales falsas contra particulares y empresas del Valle Central.En aquel momento los abogados de la Tercera Circunscripción lanzaron un duro contraataque hacia el Gobierno provincial y hacia un sector del empresariado vitivinícola, quienes los habían cuestionado por inacción en el escándalo de la industria del juicio laboral. “No permitiremos que nadie, por más encumbrado que sea, le indique al Colegio de Abogados lo que tiene que hacer”, dijeron, y calificaron las críticas recibidas de “aprietes” y de “métodos comunes de las dictaduras”.
Es por el escándalo de los abogados que promovían el fraude en los tribunales en varios
departamentos de Mendoza.