La crisis carcelaria es un hierro caliente para el Ejecutivo, que no sólo removió las cúpulas de tres de los penales provinciales, sino que cerró filas en torno a Sebastian Sarmiento y le puso como segundo a Eduardo Orellana, que se encargará del contr
El gobierno ideó un doble comando para controlar a los guardiacárceles y garantizar derechos humanos
Por UNO
Por Javier Polvani
En el afán por controlar la crisis carcelaria, el Gobierno no sólo nombró nuevos jefes para Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer sino que fortaleció la conducción del Servicio Penitenciario Provincial.
Sebastián Sarmiento sigue al frente del organismo y detrás de él sigue Eduardo Orellana, a quien liberaron de la conducción del penal de Boulogne Sur Mer para que se dedique exclusivamente a controlar la tropa penitenciaria, sobre la que tiene mucho más ascendencia que el titular del Servicio.
En limpio, el gobernador Paco Pérez sostuvo a Sarmiento porque garantiza una relación amable con los organismos de derechos humanos locales y los entes internacionales que sancionaron a Mendoza por maltratar a los presos, y liberó de tareas a Orellana para que ejerza el control de los agentes penitenciarios. Esto se dio en un contexto en el que el Gobierno no desconoce que hay resistencia interna dentro del cuerpo de penitenciarios a la figura y la política de Sarmiento.
Orellana es un guardiacárcel de carrera que, según dicen los funcionarios del Ministerio de Gobierno, tiene un alto respeto ganado entre la tropa de penitenciarios. Sobre todo, Orellana tiene ascendencia sobre los cuidapresos más antiguos del sistema, en el que revistan 2.500 hombres, de los cuales la mitad tiene menos de cuatro años en el servicio.
Hasta el martes, Orellana se desempeñó al frente de la cárcel de Boulogne Sur Mer, además de ocupar la subdirección del Servicio Penitenciario Provincial. Pero ante la creciente crisis carcelaria Pérez y sus colaboradores en la materia resolvieron concentrar el trabajo del experimentado guardiacárcel en la conducción de la tropa.
Por eso no fue casual que cuando el ministro de Gobierno, Félix González, salió a anunciar el recambio de los titulares de los tres penales de hombres del Gran Mendoza Orellana se sentara a su derecha mientras a la izquierda estuvo Sarmiento. Paradójicamente, el director está vinculado con los grupos políticos progresistas más cercanos a la izquierda mientras el subdirector está identificado con los guardias duros, vinculados a las políticas de la derecha.
Romina Ronda se perfila como subsecretaria de Justicia
Otra cuenta pendiente que tiene el gobierno de Pérez es la designación del titular de la Subsecretaría de Justicia. El elegido para ese cargo era el camarista en lo Penal, Horacio Báez, pero éste cayó antes de asumir devorado por una interna que se desató en el entorno del mandatario.
En esa pelea de un lado se paró el fiscal general de la Cámara Federal, Omar Palermo, con apoyo del ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, mientras de otro lado se situó el ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro. Palermo y Cazabán sostuvieron a Báez, quien para asumir puso como condición que la Corte le concediera una licencia como camarista mientras se desempeñaba en el Gobierno, pero el máximo tribunal por mayoría de votos de sus integrantes se la negó.
Ahora, está todo dado para que Romina Ronda, quien responde a Palermo, asuma en los próximos días la Subsecretaría de Justicia. La mujer se desempeña como responsable de la Oficina de la Fiscalía Federal de Mendoza, que se encarga de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El gobernador Pérez adelantó que el cargo vacante será para una mujer, aunque no confirmó el nombre para evitar que otra vez la interna lo obligue a abortar el plan.
