Por Analía Boggia
La entidad recibió la venia del Ministerio de Trabajo de la Nación para representar a los empleados de lo más alto del escalafón. El secretario adjunto Jorge Lucas, cuestionó los reclamos y la metodología del gremio que los representó hasta ahora.
El Gobierno encontró un aliado contra Ordóñez en el nuevo gremio de Judiciales
Al Gobierno de Francisco Pérez le apareció un nuevo aliado en la fuerte y extensa pelea con el Sindicato de Judiciales que conduce el combativo Carlos Ordóñez. La Asociación de Funcionarios Judiciales, recientemente convalidada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para participar en la paritaria del sector en nombre de los empleados jerárquicos, rechazó el fondo de las negociaciones y la metodo de acción del gremio que hasta ahora contaba con la representación de todos los empleados judiciales.
La interna entre los escalafones del Poder Judicial según el escalafón de los empleados es un nuevo elemento al que ya echó mano la administración de Pérez para combatir el reclamo del gremio de los empleados judiciales de Ordóñez. Ni el paro nacional convocado por la CTA disidente y el gremio de Judiciales en solidaridad con la pelea de Ordoñez y los suyos desalentó la estrategia oficial para desactivar el conflicto con los judiciales antes de que los otros sindicatos estatales retomen los planes de lucha en agosto.
El ingreso en escena de la Asociación de Funcionarios Judiciales, que existe como asociación civil desde hace más de 20 años pero recién ahora consiguió un lugar en la paritaria para discutir salarios para las clases más altas de los tribunales, le agregó aún más tensión al conflicto que mantiene paralizada a la Justicia local desde hace más de dos meses con paros y asambleas. Esta medida ocasionó que en lo que va de la protesta la Suprema Corte haya tenido que declarar 25 días inhábiles para evitar que las medidas de fuerza provocaran caídas en los plazos orocesales de las causas.
El secretario adjunto de la entidad de los jerárquicos de la Justicia, Jorge Lucas, quien se desempeña como secretario del Tercer Juzgado de Garantías, blanqueó la razón principal por la que no se sienten representados por la entidad que comanda Ordoñez. “Desde que se eliminó el enganche, (el líder de los judiciales) sólo pelea el sueldo de los ordenanzas, que han conseguido una recomposición del 190%. Los empleados en general consiguieron un 140% y los funcionarios sólo hemos logrado un 90%”, se quejó el dirigente opositor a Ordóñez al ser consultado por diariouno.com.ar.
Esta “diferencia” en los porcentajes de incremento salarial es lo que llevó a la Asociación de Funcionarios Judiciales a pedir su inscripción gremial, que les fue otorgada en 2010. Claro que ahora presiona a la Suprema Corte de Justicia para que gestione ante el Ejecutivo la concreción de la reunión que les permita discutir sueldos.
Aunque el máximo tribunal no parece tener intenciones de meterse en la interna gremial del Poder Judicial, según especulan Lucas y los suyos. Por esto, ahora la definición está en manos del gobierno de Pérez, que es dónde deben motorizar la convocatoria.
La Asociación de Funcionarios Judiciales representa a los empleados jerárquicos de ese poder, que tienen clases que van de la 1 a la 7, en su mayoría secretarios de Juzgado, con salarios que rondan desde los $8.000 a los $9.000. Se trata de abogados, en su mayoría, aunque también hay personal de otras profesiones.
Pero esa entidad no concentra todas las voluntades en ese rango. Es que de los 1.026 empleados que se calcula que ocupan los escalones más altos del Poder Judicial, sólo poco más de 500 aportan una cuota sindical a la nueva estructura.
Es más: Ordoñez también tiene entre sus filas a 208 funcionarios, a pesar de que el Ministerio de Trabajo certificó en mayo que el gremio Judiciales ya no tiene derecho a la representación del personal jerárquico. Con este panorama, el gremio que mantiene un conflicto interminable con el Gobierno tiene la representación de cerca de 2.900 empleados y de 400 ordenanzas.
En el Ejecutivo están dispuestos a dar vía libre a la Asociación de Funcionarios, tal como quedó demostrado el último martes, cuando el ministro de Gobierno, Félix González, dio a conocer en conferencia de prensa la situación de la entidad. Allí dijo que la última notificación del Ministerio de Trabajo había llegado hace una semana. Aunque después Lucas explicó a este portal que “las últimas novedades (de esa cartera) fueron en mayo”.
La convocatoria a paritarias con este sector del Poder Judicial está en manos de la gestión de Pérez y sería inminente.
Es más el subsecretario de Trabajo, Ariel Pringles, comparó la situación de la Asociación de Funcionarios con la del Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (Sitea), un gremio que a pesar de no tener personería gremial está habilitado para paritar en la órbita de la administración central del Ejecutivo, en disputa con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que maneja Raquel Blas.