La mixtura incluye pase de policías de las oficinas a la calle, reincorporación de retirados y compra de móviles y cámaras. Gendarmería no enviará nuevos efectivos. Foto: Aranda con la cúpula policial prsenta las medidas.
El Gobierno armó su paquete anticrisis con un combo de anuncios repetidos
Por UNO
Por Daniel Calivares
Una serie de medidas recicladas, otras nuevas y algunos pedidos a la Legislatura provincial, forman parte del paquete de seguridad que anunció el ministro Carlos Aranda, tras la conmoción causada por dos homicidios ocurridos en Guaymallén el miércoles pasado.
En materia investigativa, el gobierno insistirá en una vieja medida que nunca se aplicó por los cuestionamientos que genera desde el punto de vista del respeto a las garantías de los procesos. Esto es permitir a los fiscales que resuelvan allanamientos e intervenciones telefónicas sin necesidad de contar con una orden de un juez de garantías, como se exige en la actualidad.
“Tiene que ver con llegar más rápido a los elementos del delito”, argumentó Aranda, quien agregó que actualmente hay una lista de teléfonos para intervenir que podría llegar a demorar de dos a tres meses en cumplirse. A modo de ejemplo, esgrimió que cuando ocurrió el homicidio de la empleada bancaria María de Lourdes Gordillo, pudieron acceder al teléfono celular de la víctima recién doce horas después del hecho.
La facultad de allanar e intervenir teléfonos a favor de los fiscales es resistida por el garantismo jurídico, pero en el plan del Gobierno es una herramienta para seguir “la ruta del dinero” de los delincuentes, dijo Aranda y arriesgó que promoverá una ley para poder incautar las propiedades de la delincuencia.
En el terreno de las tareas operativas, el paquete de Aranda prevé sacar más policías a la calle, convocar a uniformados retirados, comprar más móviles y cámaras para la vía pública.
En total, el gobierno pretende poner 750 policías más en las calles. Estos son aquellos que portan armas, pero que realizan tareas administrativas actualmente.
“A través de la reingeniería en recursos humanos que hemos hecho, se ha decidido priorizar la función provincial de la Policía, reduciendo todo lo que no tiene que ver con prevención”, manifestó el ministro de Seguridad, que agregó que estos uniformados, cumplirán con su tarea administrativa de 7 a 13 y luego, “todo el personal armado saldrá a la calle”.
Para cumplir tareas administrativas, el ministerio convocará a 120 policías retirados que cobrarán el 50 por ciento de lo que ganaban al momento de su retiro, más su jubilación. Estas 120 personas le costarán al Estado provincial 2 millones de pesos hasta fin de año, explicó Aranda.
Para las mismas tareas, cien uniformados que no se encuentran aptos para portar armas, pasarán a revisar las imágenes que toman las cámaras de vigilancia y a hacer otras funciones, que no impliquen salir a la calle.
Asimismo, se analizará si se puede echar mano al centenar de efectivos que actualmente se encargan de custodiar edificios públicos. Según explicaron desde Seguridad, se están estudiando los costos para ver si el gobierno provincial puede hacer frente a esta medida, ya que en caso de efectuarse, estos policías deberían ser reemplazados por seguridad privada.
En cuanto a la participación de Gendarmería, Aranda especificó que por ahora no se pedirán más efectivos, sino que se seguirá trabajando con el personal que está destinado a la provincia y entre las funciones que cumplirá no está incluido el patrullaje.
Seguridad también apuntó a medidas para “desfinanciar a la delincuencia”. Aranda dijo que la idea es trabajar junto al ministerio de Hacienda y la Dirección de Rentas, para “sistematizar una base de datos donde figuren los activos de los delincuentes o sus testaferros, vamos a pedir que se realicen las compulsas a la AFIP y Rentas”. Y anticipó operativos en desarmaderos y locales de ventas de celulares usados, para revisar la procedencia de los productos.
En ese sentido, Aranda admitió que se está estudiando pedir una ley que permita incautar algunos bienes de los delincuentes y estos pasen a manos del Estado. De hecho, el jefe de policía Juan Carlos Caleri, admitió que esto sería positivo ya que la fuerza policial necesita de automóviles sin identificar.
Los números de la Policía
En lo que va del año, el ministerio de Seguridad realizó 1,9 millones de identificaciones y detuvo, a través de ellas, a 1.589 personas por averiguación de paradero o pedido de captura, mientras que por delitos fueron capturas 7.815 personas.
Asimismo, se requisaron 984.000 autos y fueron secuestrados y sacados de circulación 2.561. En tanto, en diversos procedimientos, el ministerio de Seguridad se apoderó de 530 armas.
