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El gobernador Paco Pérez ordenó, mediante un decreto, liquidar la diferencia salarial que desde hace años reclaman 839 empleados judiciales por 18 meses en los que sus sueldos estuvieron “enganchados” al del juez de la Corte con mayor salario.
Ese beneficio les fue quitado por una ley de 2004, momento en el que se inició un reclamo judicial que para el Gobierno ha sido adverso y por ello prevé pagar lo adeudado en unos 20 días. Si bien no hay una cifra certera, en el Ejecutivo estiman que el dinero que debería desembolsar el Estado ascendería a $30 millones.
El reclamo apunta a la diferencia de sueldos no pagada por el Gobierno entre el 1 de enero del 2002 y el 30 de junio del 2003. La cifra impaga se desprende del enganche salarial que en ese tiempo imperaba para todos los trabajadores de la Justicia, régimen derogado luego por el entonces gobernador Julio Cobos. El mismo consistía en la actualización del salario cada vez que se incrementaba el sueldo del juez de la Suprema Corte con el haber más alto.
Para reclamar este dinero, los judiciales, patrocinados por el estudio de los abogados Frías, Espinasse y Lucero, recurrieron a la Corte local de Justicia y en mayo de 2010 un tribunal de conjueces falló a favor de ellos.
Lo que reconocieron los magistrados es la inconstitucionalidad de la retroactividad planteada por la ley 7.125, la cual terminó con el sistema de indexación salarial de los jueces y, por ende, sepultó el mecanismo de porcentualidad de los empleados judiciales, más conocido como enganche.
Pero ese fallo no tuvo efecto concreto inmediato, ya que el Gobierno interpuso un recurso de nulidad y uno extraordinario federal. No obstante, ambos fueron desestimados el año pasado: el primero el 24 de febrero y el segundo el 2 de junio. Sólo quedó vigente un recurso de queja ante la Corte nacional. “Este no tiene efecto suspensivo sobre el curso del proceso, por lo cual tenemos que cumplir con la sentencia”, clarificó una alta fuente del Ejecutivo.
“Se está avanzando en la liquidación y se les dará vista a los demandantes; si prestan conformidad, quedará registrado ante la Justicia para ejecutar el pago”, agregó la misma voz. “Pensamos que más allá del recurso de queja, hay que pagar”, cerró la fuente.
De esta manera, en el Ejecutivo dan por sentado que deberán pagar lo adeudado por aquellos 18 meses impagos más los intereses, circunstancia que originó varias demandas paralelas que siguieron cursos similares, aunque la patrocinada por Frías, Espinasse y Lucero ya cuenta con sentencia firme.
