Por Javier Polvani
Isabel del Pópolo (AMPROS), Raquel Blas (ATE) y Carlos Ordoñez pusieron en jaque al Ejecutivo con sus planes de lucha. Este lunes los hospitales definen si endurecen el plan de lucha con los judiciales como aliados políticos, y envalentonados tras el a
El frente estatal reforzó su alianza y decide este lunes hasta dónde tironea al Gobierno
El núcleo duro del sindicalismo opositor en la provincia encarna el foco de conflicto más visible que amenaza al gobierno de Paco Pérez. ATE y AMPROS no prevén levantar los paros en los hospitales y los Judiciales volverán a la carga con todo por el enganche salarial, ahora con apoyo de la Corte.
Este lunes, las bases que sostienen a Raquel Blas en ATE, a Isabel del Pópolo en AMPROS (agrupa a los profesionales médicos), y a Carlos Ordóñez en Judiciales decidirán en asamblea si airean o estrangulan aún más la relación con el Gobierno. En el movedizo escenario del sindicalismo las cúpulas de los tres gremios más poderosos del denominado frente estatal mendocino reafirmaron la alianza opositora a nivel local y el alineamiento con la CTA disidente que comanda Pablo Micheli.
De todos modos, la posibilidad para los dirigentes de conjugar el dilatado plan de acción en Salud con un creciente movimiento de protesta en Tribunales depende de lo que voten los trabajadores que participan en las asambleas de cada gremio.
La prioridad de Pérez es terminar de forma urgente el conflicto que merma notoriamente la atención del sistema público de salud, pero la dirigencia de ATE y AMPROS ya bajó línea contra la última oferta de aumento salarial que jugó el Gobierno en la mesa paritaria. Los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, tienen que considerar la oferta del 17% de incremento salarial con la que cerró el Gobierno una agitada semana de ofertas y contraofertas que no tuvieron un cierre definitivo.
Del Pópolo y Blas ya le bajaron el pulgar a ese porcentaje. El Gobierno no pierde la esperanza de que la larga negociación haya mellado la paciencia de parte de los asambleístas de los dos gremios que están en guerra en Salud al punto de provocar que la postura bajada desde la conducción gremial sea derrotada en las votaciones que tendrán lugar al mediodía del lunes.
Si el Gobierno no logra torcer el rumbo de las asambleas de ATE y AMPROS, el martes, miércoles y jueves los centros asistenciales públicos atenderán sólo urgencias. Los militantes sindicales de la Salud saldrán a la calle con diversas modalidades pensadas por la dirigencia para darle continuidad a un plan de lucha que persigue el 40% de incremento salarial para los no profesionales y el 50% para los profesionales.
Los dos gremios saben que no habrá una oferta ni siquiera cercana a sus pedidos. ¿Hasta dónde endurecerán el plan de lucha? Hasta dónde las bases aguanten los perjuicios de la dilación del acuerdo paritario, entre los que el más dañino para sus intereses es el descuento de los días de huelga.
Por eso las asambleas de este lunes son claves para la posición de los gremios y el Gobierno en una puja que no terminará con la resolución del tema salarial. El plan de Pérez para Salud es rechazado política y filosóficamente por los gremios, que ya avisaron que resistirán entre otras medidas a la implementación del seguro que el mandatario quiere crear para atender a los no mutualizados.
En lo político, Ordóñez es un aliado importante para Blas y Del Pópolo. Y la discusión salarial en Judiciales acaba de arrancar con un gesto de la Suprema Corte que envalentonó a los empleados en su lucha por reengancharse salarialmente con los magistrados.
Como en Salud, Ordóñez sabe que el reclamo del enganche tiene muy pocas chances de concretarse porque el gobierno tiene una postura completamente opuesta. Los empleados judiciales quieren que sus sueldos sean definidos según un porcentaje del que percibe el presidente de la Corte, con lo cual cada vez que éste recibe un aumento los dependientes de tribunales perciben una mejora de la misma magnitud.
La pelea encarada desde la conducción gremial le apuntó directo al gobernador Pérez, a quien lo acusa de deudor, parodiando el operativo de marketing del Ministerio de Hacienda que coloca un calco con denunciando como “deudor” a los propietarios de los automóviles con mora en la patente. En esta pelea el Gobierno se quedó sin uno de sus aliados estrellas en la Suprema Corte, el ministro Mario Adaro, quien encarnó en persona frente a la asamblea de Judiciales el apoyo del máximo tribunal al reclamo de enganche de los empleados.