Ejército vs ambientalistas: los uniformados impiden ampliar la reserva Laguna del Diamante

El objetivo era cuidar la flora y la fauna de una de las principales reservas de agua de

Mendoza, pero hasta ahora la pulseada la vienen ganando los uniformados en detrimento de los

ambientalistas.

En septiembre de 2005 la Legislatura aprobó la extensión del área natural de 31.000 hectáreas

a 192.000 prohibiendo, además, cualquier tipo de actividad minera que pueda afectar la zona y sus

recursos hídricos. El objetivo fue proteger la flora, fauna, paisaje, humedales, glaciares y

material arqueológico y paleontológico y conservar las fuentes de agua que irrigan el oasis

productivo del Valle de Uco.

La medida fue considerada una victoria para el pueblo de San Carlos, que por esos años

iniciaba una férrea lucha por evitar la instalación de emprendimientos mineros contaminantes -en

ese momento había unos 60 pedidos de cateo minero (estudio superficial de la zona) otorgados por el

Ejecutivo-, pero la ley nunca se aplicó debido a una acción de inconstitucionalidad que presentó el

Ejército en la Justicia Federal.

Mis tierras, tus tierras

"Una vez sancionada la ley, el Ejército Argentino presenta una acción de inconstitucionalidad

sobre un 50% de esas 160.000 hectáreas, porque entienden que afecta terrenos que son de ellos y les

impediría cumplir los objetivos militares que tienen en ese lugar", explicó Guillermo Guillot, jefe

de la asesoría letrada de la Dirección de Recursos Naturales.

Los terrenos pertenecen a la Nación, pero fueron cedidos al Ejército. Se trata de un área no

utilizada del Ministerio de Defensa que es estratégica porque limita con la cordillera chilena. Un

sector, además, pertenece a un abogado mendocino –que quiere crear en su terreno una reserva

natural- y otro tanto pertenece a la empresa Sominar.

En marzo de 2007 la Suprema Corte falló a favor del Ejército con una medida de no innovar

hasta tanto profundizaran el estudio del problema y se produjera un fallo.

El tema quedó frizado hasta fines de 2009 cuando la Provincia presentó una propuesta de

compatibilización. "Buscamos resolver el conflicto legal de forma amistosa. Es una propuesta

superadora para que podamos trabajar en un concepto ambiental en conjunto", explicó Daniel Gómez,

titular de Recursos Naturales. A un acuerdo similar se llegó con esa fuerza con otra área protegida

de Tupungato y sentó un precedente que el Ejecutivo espera se repita en este caso.

Tanto Gómez como el jefe de la cartera de Ambiente, Guillermo Carmona, fueron enfáticos al

decir que "hay una excelente colaboración con el Ejército Argentino", a pesar del enfrentamiento

legal. "No nos interesa quedarnos con tierras del Ejército, pero sí nos interesa la conservación de

algunos lugares importantes como mallines y vertientes por eso queremos trabajar juntos hasta que

la Justicia se expida o que nos convoquen con una propuesta que tengan", explicó Gómez.

"Ellos no quieren que les digamos qué pueden hacer y que no en sus propias tierras como, por

ejemplo, que no puedan sacar agua o que no puedan trasladar leña o que no puedan realizar ciertas

maniobras o ejercicios en esa área. No quieren perder sus derechos sobre la tierra", explicó

Guillot.

Gómez aclaró, además, que si bien no se puede avanzar sobre esa zona de manera formal, "

nosotros ejercemos la custodia de la zona, trabajamos en su conservación y estamos haciendo un

relevamiento con los prestadores para definir cuáles son los lugares en los que se podrá hacer uso

público".

Límites que no están muy claros

El tamaño de la reserva original – que fue creada en 1994 mediante la ley 6.200- se

multiplicó seis veces tras la aprobación de la ley 7.422 en 2005, dejando dentro del área protegida

a las cuencas de los arroyos Rosario, Yaucha y Papagayos y los Picos Bayos.

Sin embargo, esos terrenos no están loteados o separados por un cierre perimetral. Esta

situación provocó que Simonar y el Ejército se pusieran en pie de guerra durante el verano de 2010

cuando creyeron que la Secretaría de Ambiente quería construir en sus terrenos . En realidad, la

idea era construir baños en el área protegida original. "Fue un malentendido, lo explicamos y

pudimos hacer la construcción", explicó Gómez.

Desprotección a la espera de los tiempos legales

Mientras tanto y a la espera de que haya novedades desde la Suprema Corte, desde el municipio

de San Carlos se lamentan porque "mientras se demora esta medida queda descuidada la protección de

toda esa zona y, en nuestro caso, la naturaleza es el principal atractivo para el turismo", explicó

a este portal el intendente Jorge Difonso.

Eduardo Sosa, titular de la red ambiental Oikos, agregó: "Es necesario preservar muestras

representativas de los principales ecosistemas de la provincia. Los ecosistemas de alta montaña no

están todos protegidos, por eso es importante avanzar en ese sentido. Además, Mendoza está muy por

debajo de los estándares de zonas protegidas, la media internacional es un 10% y acá no llegamos al

5%".

¿Puede haber explotación minera en Laguna del Diamante?

Cuando se extendió el área protegida había cerca de 60 permisos de cateo minero en la zona.

Al enterarse de la sanción de la ley, la empresa Anglo American demandó al Ejecutivo provincial,

pero al acercarse a la recta final y anticipar un resultado adverso dejaron caer los tiempos

legales y el reclamo quedó en nada.

El artículo 37 del Código de Minería estipula que no puede haber explotación minera de ningún

tipo dentro de campos militares o a menos de un metro de los límites de un campo sin autorización

del Ministerio de Defensa. El asesor legal de Recursos Naturales explicó que Defensa nunca ha

autorizado un emprendimiento de esa índole.

El escenario que puede darse, sin embargo, es que la Corte le de la razón al Ejército y si se

encuentra que en esa zona hay una reserva mineral, esa fuerza decida vender las tierras. En ese

caso, por tratarse de una zona natural protegida, debe darle primero la posibilidad de comprarlas

al Estado Provincial.