Integrantes de la Juventud Radical se presentarán este viernes ante la fiscal de Delitos Complejos para que María Inés Abrile de Vollmer sea investigada por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Denunciarán a la directora General de Escuelas por las actividades que realiza La Cámpora en los colegios
Por UNO
Un grupo de jóvenes de la UCR se presentará en la Fiscalía Especial para que denunciar a la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, por las actividades políticas que la agrupación kirchnerista La Cámpora realiza en los establecimientos educativos.
Encabezados por Leonardo Encina, Secretario de Derechos Humanos del Comité Nacional de la Juventud Radical, Martín Serrano y Pablo Narváez, Presidente de la Juventud Radical de Mendoza, la denuncia se presentará ante la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos.
Según los radicales, Vollmer podría haber incumplido sus deberes como funcionaria al permitir la militancia K en las escuelas y pedirán que sea investigada.
Los integrantes de la Juventud de la UCR aseguran que las actividades político-partidarias de “La Cámpora” en los colegios están expresamente prohibidas por la legislación vigente y fundamentalmente por la Convención de los Derechos de niño reconocida en nuestra Constitución Nacional.
Por su parte la directora General de Escuelas se excusó en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados. “Cada Director de un establecimiento educativo puede autorizar o rechazar los pedidos del uso de las instalaciones escolares de acuerdo a lo que considere pertinente”, escribió la funcionaria.
Esta situación, según dijeron desde la Juventud Radical, “evidenciaría, además de un absoluto desconocimiento de la normativa que garantiza la adecuada prestación del servicio de educación, su inacción ante el deber de superintendencia sobre todas las actividades que se llevan a cabo en la materia, con la eficiencia, capacidad y diligencia necesarias”.
Según afirmó Encina, ante esto, “cabe preguntarse si no habría correspondido que la Directora General de Escuelas cumpliera con su obligación legal de denunciarlos ante la Justicia o al menos realizar las acciones administrativas correspondientes. Sin embargo y pese a la trascendencia pública de estos hechos, llama la atención que ni ella ni ningún funcionario haya radicado una denuncia para salvaguardar los derechos de los menores”.
