Por Javier Polvani
La Nación impulsó un acuerdo minero federal que insta a las provincias con potencial extractivo a crear empresas públicas con capacidad para participar en el negocio. En Mendoza, la minería se sacó de las competencias de la empresa de energía porque ge
Cristina pidió empresas provinciales de minería pero la compañía de energía de Mendoza no la contempla
El acuerdo federal minero, firmado por Francisco Pérez junto sus pares de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), insta a las provincias a crear empresas públicas para administrar el negocio extractivo. Pérez quiere que sea la empresa de energía la que se haga cargo en Mendoza pero la minería no está dentro de las competencias de compañía estatal que está siendo discutida en el Senado.
El gobernador y el vice Carlos Ciurca confirmaron a este portal que el Gobierno no piensa conformar una nueva empresa pública para que se ocupe con exclusividad de los negocios mineros, sino que se prevé su inclusión entre las actividades de la empresa de energía. Pero Fernando Simón, presidente de la comisión de Hidrocarburos de la Cámara Alta, advirtió a diariouno.com.ar que “en el proyecto que está fuertemente consensuado y en las puertas de ser votado está excluida la minería”.
El campo de acción en materia minera para la empresa de energía se dejó afuera del debate legislativo precisamente para que este tuviera un rumbo claro: desembocar en la aprobación de una ley que cree el instrumento para que el Estado pueda asociarse a emprendimientos energéticos, incluida la explotación petrolífera. Pero en los últimos días, hubo una fuerte presión de la Nación para que las provincias creen sus compañías estatales con facultades para intervenir en negocios petroleros y mineros. La presidenta Cristina Fernández en persona fue una entusiasta impulsora de la iniciativa.
La conflictividad que introducía al debate la incorporación de facultades para que la empresa estatal también tuviese competencia minera fue la principal causa de la eliminación del tema del proyecto que el vice Ciurca aseguró que estará aprobado en no más de dos meses. Incluso, hay negociaciones desveladas con la oposición para adelantar el tratamiento de los plenarios de ambas cámaras para posibilitar la aprobación de la ley antes del 1º de mayo, cuando desembarcará Paco Pérez a dar su primer discurso de inicio de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.
Simón consideró que de introducirse el tema minero al debate no hay ninguna posibilidad de que se apruebe la creación de la empresa en los plazos previstos. El gobernador sabe del nivel de conflictividad que genera la minería en la sociedad y, como dijo más de una vez, cree que “San Juan es minero, Mendoza es petrolera”.
La postura del mandatario respecto a la actividad minera fue oscilante desde que fue confirmado como candidato del oficialismo para suceder a Celso Jaque. Antes de las elecciones decidió voltear el proyecto metalífero San Jorge, en Uspallata, para dar una clara señal en contra de la acusación de sus rivales respecto a que llegaba con compromisos con los capitales interesados en la extracción. Y después de asumir presenció una guerra interna entre los intendentes del PJ que se dividieron en pro y antimineros.
Participación de las comunas
En la conformación de la empresa pública de energía está previsto que la provincia se quede con el 51% del paquete accionario total de la empresa representado en acciones clase A. Un 10% de la compañía quedaría en propiedad de todas las comunas de la provincia por partes iguales, aunque cada gobierno municipal puede optar por no participar, por lo que las acciones reservadas a los Municipios (clase B) se distribuirán entre los que acepten participar.
En este punto se plantea otra disyuntiva para el oficialismo: los intendentes del Valle de Uco (los peronistas Martín Aveiro, de Tunuyán, y Joaquín Rodríguez, de Tupungato, y el demócrata Jorge Difonso, de San Carlos) y de Alvear (el peronista Juan Carlos De Paolo) están jugados contra la minería y no podrían ser parte de una empresa que tenga a esta actividad entre sus potenciales negocios.
Otros intendentes, principalmente del peronismo, están jugados a favor de permitir la explotación de los minerales de la provincia. A la cabeza de estos están Rubén Miranda, de Las Heras, Alejandro Abraham, de Guaymallén, Jorge Giménez, de San Martín, y Alejandro Bermejo, de Maipú.
