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Luego de varios años de ser ostentada por experimentados políticos, la presidencia de la Inspección General de Seguridad (IGS) está desde fines de febrero a cargo de la abogada Mariana Herrero, quien proviene del riñón del intendente lasherino Rubén Miranda. Luego de haber sido asesora letrada de ese órgano desde el 2008, Herrero admite que la IGS debería ser autónoma del Ministerio de Seguridad, aunque asume que para eso hay que resolver primero el tema presupuestario. A poco más de un mes de estar trabajando en su cargo, la funcionaria accedió a desandar sus ideas de gestión, aunque puso como condición que la entrevista se realizara por mail y no por teléfono ni en persona.
–El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, dijo al asumir usted que pretende que la Inspección se convierta en un organismo de sanción autónomo, ¿esto se concretó?, ¿usted buscará ser quien motorice ese cambio de quienes aconsejan una sanción a ser quienes la aplican directamente?–La Inspección de Seguridad es una unidad plural regida por ley de la provincia que se configura con un directorio pluripartidario y que por la especificidad de su objeto (Nota de la redacción: es el órgano de contralor de las fuerzas de seguridad) no debiera mantener el actual régimen de dependencia ministerial. Debería tener un manejo autónomo como meta óptima. Esto es lo que expresó el ministro de Seguridad toda vez que desde su creación se han verificado intentos de encontrar los resortes que conduzcan a una autonomía como organismo de sanción. El tema es complejo por múltiples aspectos, incluido el presupuestario, y la posibilidad de que se concrete dependerá de una ley sancionada por la Legislatura o la modificación sustancial de la ley de funcionamiento vigente.
–En el último informe de la IGS consta que las mayores sanciones aplicadas durante 2011 fueron por apremios ilegales y violencia intrafamiliar de policías, ¿cómo cree que puede hacer frente a estos problemas, que parecen cotidianos en la fuerza?–Las sanciones por la comisión de delitos o faltas cometidas por apremios ilegales o violencia intrafamiliar surgen de aplicar el procedimiento sumarial establecido en la Ley 6.722. Estos hechos, en especial el caso de violencia intrafamiliar, que no son cotidianos dentro de la fuerza, son abordados por distintas áreas del Ministerio de Seguridad, acompañando a los efectivos que lo padezcan de forma personal y familiar, por ejemplo a través del programa de asistencia al policía. Respecto a los apremios ilegales, estamos hablando de la comisión de delitos penales, que son investigados y sancionados conforme lo establece la ley.
–Entre 2010 y 2011 se destaca un incremento notorio en cesantías y suspensiones, lo que hablaría de que la mayoría de los consejos de sanciones brindadas desde la Inspección han sido aplicados por el Ministerio. ¿Continuará en la misma tónica? ¿Aplicará una política más dura?–La IGS ha cumplido a cabalidad con las funciones fijadas por la Ley 6.722, elevando los dictámenes correspondientes para que sea el propio Ministerio de Seguridad el órgano natural de aplicación de las sanciones con que culminan los sumarios respectivos, caso por caso. De ahí que no pueda comportarse de otra manera en tanto la Inspección no goce del espacio y ejercicio que pudiere darle su autonomía, para lo que se debería contar con el consenso de todo el espectro político.
–La gestión anterior avanzó en el proceso de descentralización de la IGS, buscando generar delegaciones en el Sur y el Valle de Uco. ¿Le dará continuidad a esa política? ¿Habrá también una delegación en la zona Este?–En las actuales circunstancias y configuración de la IGS, el proceso de descentralización ha obedecido a la dilatada geografía de la provincia. El análisis de los resultados de este avance advertirá al directorio sobre la conveniencia y/o ventajas que impliquen generar o no delegaciones en el Centro y el Sur provincial, incluida la hipótesis de una delegación en la zona Este, si ello fuere pertinente.
–Su cargo es designado por el Ejecutivo ¿hubo alguien que se opusiera a su nombramiento? ¿Hubo resistencia en algún sector del organismo por ser mujer, teniendo en cuenta que su cargo fue ostentado por varones?–Fui designada por el señor gobernador a propuesta del entonces presidente del PJ, Rubén Miranda. Hay una sola realidad y es que debo aplicarme con extrema responsabilidad al cumplimiento de las funciones que me han sido confiadas, más allá del cargo. No he sabido de resistencia por mi designación, mucho menos por mi condición de mujer.
