Marcelo Arce
La presión del Gobierno nacional sobre las petroleras todavía no tiene efectos directos en el grave faltante de combustibles. Pero al menos sirvió para que el Estado mendocino se decidiera finalmente, con más de un año de retraso, a controlar mejor lo que las empresas extraen de nuestro territorio y que luego se transforma en regalías.
El ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, confirmó este fin de semana que en los próximos días Francisco Pérez firmará el decreto para obligar a las empresas productoras (con YPF a la cabeza) a implementar el sistema de telemedición para establecer con más precisión la cantidad de crudo que se extrae en cada uno de los pozos de la provincia.
En la actualidad, las regalías se cobran a través de una declaración jurada que aportan las empresas. Y también por la supervisión de un grupo exiguo de inspectores públicos: sólo llegan a los 10 para un trabajo de campo que deben hacer en más de 80 pozos en todo el territorio.
“El decreto para establecer la telemedición ya fue firmado por mí, está bajo el análisis del Ministerio de Hacienda y en los próximos días lo firmará el gobernador”, anticipó Baldasso, quien admitió sin embargo el retraso en su implementación.
Más de un año tarde
El miércoles, Pérez se volverá a subir al embate impulsado por el Gobierno nacional contra las petroleras. El gobernador participará en otra de reunión de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), en la que se fijará a las empresas exigencias mínimas de inversión y también se anunciarán mayores controles. Cuando se firmaron los contratos, YPF se comprometió a una inversión aquí de U$S4.100 millones.
Sin embargo, los mayores controles sobre las empresas petroleras ya debieron haber sido implementados desde diciembre de 2010, cuando Celso Jaque firmó las prórrogas de las concesiones hasta 2027. Al menos así lo dejó establecido en el artículo 9 del decreto 3.089 (que incluso suscribió Pérez como ministro de Infraestructura) en el que se establecía la mejora en la calidad de los controles de la extracción de crudo. La renegociación de contratos implicó la prórroga hasta 2027 de 31 áreas de explotación petrolera e incluyó principalmente a YPF (que tiene 16 áreas) y otras compañías.
La demora se transformó en menos plata para la provincia: durante 2011 los ingresos por regalías rozaron los $1.000 millones y las estimaciones del propio Gobierno siempre hablaron de que con la telemedición esa recaudación podría llegar a aumentar más del 20%.
La telemedición, en trazos gruesos, se realiza a través de caudalímetros, conocidos como unidad LACT, que son cajas negras que contabilizan la cantidad de petróleo extraído. El costo es alto y puede llegar a los U$$2.000.000, aunque se pueden vincular varios pozos a cada unidad.
Baldasso reconoce las demoras, aunque sostiene que las empresas pueden adaptar el sistema. “El sistema es complejo de implementar, aunque no imposible y no va a cambiar la ecuación económica de las empresas”, dijo el funcionario.
El decreto, que está a la firma de Pérez, establece un plazo de entre seis meses a un año para que todas las petroleras tengan la nueva medición funcionando, el que deberá ser afrontado económicamente por ellas.
