Por Javier Polvani
Es un instrumento clave en la estrategia de Paco Pérez para refuncionalizar las áreas que le quitó a la petrolera de capitales españoles y argentinos. El gobierno planea asociar al Estado provincial a los emprendimientos extractivos a través de la empr
Ciurca afirmó que en 60 días nacerá la Empresa Provincial de Energía
No bien el gobernador Francisco Pérez puso en marcha el plan de recuperación para la provincia de las áreas petroleras concesionadas a compañías que no cumplieron el plan de inversiones previsto, el vice Carlos Ciurca aseguró que “en 60 días estará creada por ley la Empresa Provincial de Energía”. Para el gobierno local es un instrumento decisivo para reencauzar la actividad de las áreas petroleras sobre las que retome el control dentro del plan de reversión de concesiones que ordenó la Nación en su pelea con Repsol YPF.
La creación de la empresa de energía estatal fue impulsada por Celso Jaque, cuando Pérez era ministro de Infraestructura, y se motorizó su nacimiento a través de la Cámara de Diputados. En ese ámbito el proyecto obtuvo media sanción, pero a con el desembarco del ex ministro en la Gobernación, el proyecto cambió y, entonces, en la discusión del Senado se fueron incorporando las modificaciones que pretende el mandatario actual y algunos requerimientos de la oposición para conseguir que la ley salga con alto nivel de consenso.
Ciurca consideró que “hasta ahora hay muchos puntos de coincidencia con todas las fuerzas políticas sobre los lineamientos generales que regirán la empresa de energía” y se animó a poner un plazo de 60 días para que el proyecto sea tratado y aprobado en ambas cámaras. Dentro del plan oficial, está contemplado que la futura Empresa Provincial de Energía sea socia de todas las compañías que en adelante obtengan permisos de Estado para explorar y extraer crudo del subsuelo mendocino.
La decisión es que el Estado mendocino tenga el 10% de participación accionaria en las emprendimientos que exploten las áreas petroleras que se incluya en la tercera licitación de este tipo que llamará la Provincia. El mismo esquema se piensa aplicar para las dos áreas que ya le fueron quitadas a Repsol YPF, Ceferino, en Rivadavia, y Cerro Mollar, en Malargüe.
Pérez anunció la reversión de la concesión de dichas áreas el viernes pasado en San Rafael. En el acto anunció, además, que está estudiando cómo fue el proceso de inversión de la compañía en otras ocho áreas de las 24 que le quedan bajo su órbita en la provincia.
Fuentes oficiales que pidieron mantenerse en reserva adelantaron a este medio que de no mediar una argumentación extraordinaria por parte de la compañía petrolera con mayor incidencia en la provincia las áreas en estudio correrán la misma suerte que las de Ceferino y Cerro Mollar. Aunque confiaron que para esto es clave el futuro del proyecto de la Empresa Provincial de Energía.
Por eso, desde el viernes el tratamiento legislativo de ese proyecto ganó un nuevo impulso. Hoy, en la Casa de las Leyes seguirán las reuniones de los miembros de la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara Alta en pos de limar las diferencias entre las distintas fuerzas con representación para que cuanto antes se pueda llevar el proyecto de ley al recinto con la seguridad de que obtendrá aprobación unánime o con altísimo nivel de consenso.
Los radicales, quienes conforman el bloque opositor más numerosos, plantearon desde el inicio del debate su acuerdo con la creación de la empresa de energía. Lo que los separa de la posición del oficialismo es la forma en la que se estructurará la nueva empresa.
Por ahora, la idea es que el Estado provincial tenga la totalidad de las acciones clase A, las cuales constituirán el 51% del paquete accionario total de la sociedad que se piensa conformar. Por otro lado se prevé dejar el 10% del paquete para acciones clase B, las cuales estarán destinadas a los Municipios que quieran sumarse al emprendimiento estatal.
Finalmente, se emitirían acciones clase C, las cuales estarían destinadas a inversionistas privados. Sin embargo, la venta de estas acciones no se podrá realizar sin la autorización legislativa. Los poseedores de acciones clase A y B tendrán lugar en las votaciones del directorio de la nueva empresa, cosa que estará vedada para los potenciales tenedores de las acciones clase C. En principio, estas últimas quedarán en poder de la Provincia hasta tanto se llegue a un acuerdo entre las fuerzas legislativas a quién vendérselas.
