Por Javier Polvani
Descontentos porque se sienten aislados de las decisiones del Gobierno Provincial, algunos intendentes peronistas se abroquelaron sin distinción de pertenencias internas con el fin de sumar fuerzas para exigirle a Paco Pérez que les de participación activa en la definición de las políticas que determinan el rumbo de la gestión. Hasta ahora esperaron pacientemente, sin presiones ni ataques con poder de daño, pero ya es tiempo, reclaman, de que el gobernador les abra el juego.
Recién electo, Pérez les aseguró a los intendentes del oficialismo que no bien asumiera conformaría una mesa política con todos ellos y los legisladores del partido en la que se definiría la línea de acción del oficialismo. "La convocatoria no se concretó aún y ya no da para esperar más", como contó uno de los más enojados entre los jefes comunales durante un agasajo del calendario vendimial.
Alejandro Abraham, de Guaymallén, Rubén Miranda, de Las Heras, Alejandro Bermejo, de Maipú, y Jorge Giménez, de San Martín, entre otros intendentes oficialistas, serían algunos de los partícipes de una reunión de jefes comunales en los próximos días en la que esperan cerrar una postura crítica para plantearle al gobernador. El malestar no es nuevo, pero se amplificó el fin de semana porque la Fiesta de la Vendimia es considerada el final de la luna de miel, periodo en el que hay más tolerancia hacia el mandatario porque se está acomodando en el cargo.
Hasta ahora, Paco Pérez ha delineado el plan de gestión provincial con fuerte injerencia de hombres de la Casa Rosada, como Diego Bossio, titular del Anses, uno de los más involucrados en la confección de las políticas del gobierno local. Los intendentes no sólo se sienten afuera, también creen que a la gestión provincial le hacen falta correcciones en algunos aspectos.
El oficialismo controla 12 de las 18 comunas de la provincia, entre las que se cuentan cuatro de las cinco que más votos suman al padrón general de Mendoza.
Pasada la luna de miel, los jefes comunales quieren tener voz y voto en la toma de decisiones, sobre todo en aquellas que repercuten en sus departamentos. Los recursos, las obras y los servicios maneja la provincia son parte del paquete que los caciques quieren discutir con el gobernador. Las obras que hacen lucir las gestiones de los intendentes por lo general las costea la Nación o la Provincia.
Los recursos municipales –coparticipación y recaudación de tasas- mayormente se destinan a gastos corrientes y entre estos se destacan los sueldos de los empleados. La paritaria que fija los aumentos de sueldo de los municipales la encabeza el Ejecutivo provincial, por eso, los intendentes también pretenden opinar con poder de decisión en ese tema.
Tras un inicio auspicioso de la relación entre Pérez y los jefes comunales del PJ, la relación con algunos mandamases territoriales se fue enfriando.
El fondo del distanciamiento tiene más que ver con las necesidades de la gestión de los municipios que con la disputa de espacios internos en el justicialismo, que existe pero, a más de un año de la definición de candidaturas para las legislativas de 2013, inquieta mucho menos a los gestores comunales que la gobernabilidad de sus territorios.
Entre los intendentes hay quienes creen que la matriz productiva de la provincia está al borde de colapsar y que sin transformaciones no será capaz de generar los recursos suficientes para sustentar las necesidades de los mendocinos. Abraham y Giménez suscribieron ese escenario y consideraron que la mejor opción para superarlo es promover la minería, aunque los dos creen que el manejo mediático que hizo Pérez del tema ayudó a clausurar el debate.
El gobernador comparte el diagnóstico y buena parte de la argumentación a favor de la minería como solución a la bulimia de la matriz productiva actual, pero está convencido de que no hay condiciones sociales para esa apuesta. “Si no es esa, hay que buscar otras alternativas de desarrollo, lo que no podemos hacer es quedarnos como estamos”, advirtió el cacique de San Martín hace unas semanas cuando en su departamento Pérez les pidió a los intendentes de su partido silenciar las voces promineras para no alterar el clima social.
La política de “sintonía fina” instaurada por Cristina Fernández en la Nación, que en la práctica se traduce en una merma de los recursos que suelta la Casa Rosada, es otra variable que empuja a los intendentes a exigir más espacio en las decisiones del Estado Provincial en busca de mejorar los recursos que desde ahí reciben. Hasta el año pasado, muchos jefes comunales conseguían en la Nación lo que la administración provincial no les daba.
Caciques con poder territorial y partidarioAbraham es el presidente del PJ en Mendoza y Giménez el vice, recientemente consagrados. El guaymallino trabaja desde hace meses en la construcción de la línea naranja del PJ, mientras el de San Martín es incondicional del operador Juan Carlos Mazzón, líder del sector azul.
Los naranja ya postergaron más de una vez el acto de lanzamiento del sector, en el que también se enrola el intendente lasherino Miranda y la mayor parte de los dirigentes que no responden a Mazzón.
Ese evento quedaría postergado nuevamente para evitar que se superponga con la movida para ganar espacio en la toma de decisiones del gobierno de Paco Pérez, que une a referentes del sector formación con dirigentes azules, y con la organización -aún sin fecha determinada- de un acto para celebrar la asunción de Abraham y Giménez a la cúpula del PJ.
