Avanza la investigación oficial por el fraude a la Unidad de Financiamiento Internacional

En la investigación que hizo el ministerio de Hacienda, finalmente serán tres los sancionados, ya que el cuarto y que era señalado como el cerebro de la estafa, renunció al Estado en marzo del año pasado, por lo que desde el Estado no se puede hacer nada en su contra, aunque será la Justicia la que lo puede terminar condenando si lo halla culpable. 

Según explicaron fuentes de Casa de Gobierno, hace algunas semanas se concluyó el período de investigación, que durante los últimos meses del gobierno de Celso Jaque, prácticamente estuvo varada y que volvió a tomar ritmo con la nueva gestión y tras un pedido del ministro de Hacienda Marcelo Costa.

Las sentencias sugeridas por la Instrucción de la causa van desde suspensiones hasta expulsión de por vida del Estado.

En ese sentido, la que se lleva la sentencia más liviana es la contadora Laura Pastrana. Desde el gobierno explicaron que ella fue la que descubrió todo, pero que se habría comprobado que uno de los 32 cheques que se utilizaron para el desvío de fondos lleva su firma. 

Para ella, la Instrucción administrativa pidió una sanción de treinta días de suspensión. 

En tanto la directora de Administración, María Florinda Rubio, en caso de que la Junta de Disciplina confirme la sanción sugerida, será expulsada pero se le permitirá volver a trabajar en el Estado. 

Diferente y más duro, es el pedido de sanción contra Federico Acuña, quien era subtesorero del organismo. Según explicaron en Casa de Gobierno, para él, la sanción sería expulsión del Estado de manera permanente. 

El único que se salva de la investigación administrativa es Marcelo Martorell, porque al momento de que se descubriera lo que había ocurrido, Martorell, quien fue tesorero, se había desvinculado del Estado. De hecho, renunció el 1 de marzo del 2011 y llegó a estar detenido pero salió en libertad tras pagar una fianza de cien mil pesos.

En cuanto a la investigación penal, según explicaron desde la Justicia, la fiscal especial Claudia Ríos se encuentra esperando el resultado de unas pericias contables. Hasta que estas no estén listas, Ríos no puede determinar ni dictaminar nada sobre todos los imputados dentro de la causa.

Una vez que esto ocurra, en caso de que de que haya acusación, el expediente será elevado a juicio.

La gran estafa

Según los investigadores judiciales, la estafa perpetrada en la UFI no fue tan complicada y a los involucrados les resultó fácil, porque ellos eran los responsables de controlar que no ocurrieran ilícitos, y segundo, porque se trató de varios faltantes que individualmente no llamaban la atención.

El método utilizado era el de usar un expediente de Retenciones de Proveedores para ingresar en él una orden de pago por un monto determinado, de esa manera se justificaba la salida de dinero. Luego, se tomaba un cheque, se llenaba con la suma de la orden de pago y se procedía a pagarse.

El mismo método fue usado por más de tres años, aunque tenía un riesgo, las retenciones a proveedores del Estado no se cobraban con cheques sino por transferencia bancaria y eso fue lo que provocó que la estafa contra el Estado fuese descubierta.

En total, la estafa ronda entre los 3,8 millones de pesos y los 5,5 millones, explicaron desde el gobierno provincial.

Pelea política

El escándalo de la UFI le pegó de lleno al gobierno de Celso Jaque pero también al de Julio Cobos. Esto debido a que la UFI fue creada durante la gestión de este último. 

De hecho, una de las primeras medidas que se decidió durante el gobierno de Jaque fue la de abrir el abanico y pedir que se investigue desde el 2005. En ese sentido, le apuntaron a la gestión cobista a través del experto de financiamiento internacional Rubén Villatoro; al ex ministro de Hacienda Alejandro Gallego; a la ex subsecretaria de Financiamiento Alejandra Favier y a Francisco Moreno, quien fue titular de la UFI y colaborador de Julio Cobos en la vicepresidencia de la Nación. 

Estas miradas hacia la gestión cobista, era además reforzada, por el hecho de que los implicados en la estafa al Estado provenían todos de la gestión cobista, aunque todos los hechos denunciados fueron perpetrados durante el gobierno de Jaque. 

Actualmente la UFI tiene como directora a Carlina Duplessis, quien durante la gestión de Jaque fue subsecretaria de Desarrollo Humano y Comunidad.