Aseguraron que se retiró todo el material cancerígeno del edificio del Palacio Judicial

Desde esa oficina, explicaron que la cantidad de material extraído, almacenado y trasladado es el mismo que figura en los documentos de la Universidad Nacional de Cuyo y la Secretaría de Ambiente. Al mismo tiempo, señalaron que la demora de un año y tres meses para su disposición final se debió a trámites que no dependían del órgano judicial.

Santiago Brennan, secretario de la Suprema Corte de Justicia a cargo de la Secretaría Administrativa, detalló los hechos. “Los problemas surgieron en setiembre de 2010 y el Poder Judicial procedió en forma inmediata, eficaz y más que urgente para determinar si el mineral que se encontraba en un edificio de más de 50 años era asbesto. Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo dio positivo y automáticamente se procedió con diligencia a instruir a todas las dependencias que estaban en el subsuelo del Poder Judicial, reubicar al personal y estacionar este material”, subrayó.

Lo que no pudo hacer la UNCuyo es el tratamiento del asbesto. La función debía recaer en manos de otras empresas autorizadas de Buenos Aires o Córdoba, y allí se originó el conflicto que derivó en la demora de más de un año para su disposición final.

“No fue una problemática nuestra. Una resolución que viene de un dictamen legal de la Secretaría de Ambiente provincial decía que no se podía inscribir al Poder Judicial como generador de asbesto. Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación se exigía esta inscripción. Por eso, finalmente, el organismo judicial se constituye como generador eventual y así se destrabó el trámite en Buenos Aires y se procedió al traslado”, detalló Brennan.

Un largo trámite–¿Esto tardó un año y tres meses?

–Sí. Todo el tiempo que demandó el trámite se debió a que no nos querían inscribir como generadores de asbesto (por no ser una industria). Finalmente, se logró que la Nación superara esta problemática de opiniones divergentes y encontradas entre Nación y Provincia, y se superó el problema, que era el único contratiempo para sacar el asbesto del Poder Judicial.

Brennan dijo además que, solucionada esta problemática, “se actuó de manera urgente porque el 27 de diciembre se logró la inscripción a nivel nacional como generador del residuo y se procedió al traslado tan rápido como fue posible”.

También señaló que durante este tiempo se contó con todas las actas de inspección de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Medio Ambiente, de la UNCuyo y de la Ciudad de Mendoza, donde figura que el asbesto estaba bien aislado de acuerdo con la normativa legal vigente, con doble bolsa de nylon de 200 micrones, precintada y recluida en el subsuelo del edificio judicial en un lugar en el que no ingresaba nadie. Se tomaron todos los recaudos”.

Sobre números y erroresEl lunes, cuando finalmente se efectuó el traslado, ante la consulta periodística, un empleado del Poder Judicial de apellido Mathus a cargo de Seguridad e Higiene informó que se trasladarían 1.200 kilos de residuo peligroso y no 2.772 kilos como se denuncia en todos los expedientes.

“Erróneamente el licenciado Mathus ha tenido mal la información, porque quien procede al traslado de asbesto, que es la UNCuyo, bien nos informa que fue un volumen de 22m3, peso total de 2.772 kilogramos, en 396 bolsas con un peso promedio por bolsa de 7 kilogramos. Esto se condice con el acta que se labró el día del traslado. La información errada del licenciado Mathus correrá por cuenta de él”, advirtió Brennan.

Y remarcó: “La inscripción que se hizo en la Dirección de Protección Ambiental y la Nación es la misma que se hizo en la universidad, este es el kilaje y en el acta de inspección 1.704 bien se detalla la cantidad en un peso de 2.772 kilogramos y eso mismo es lo que está documentado”.