El Gobierno provincial concretó ayer el pedido de intervención de la Comisión nacional de Garantíasde servicios esenciales para que determine qué se entiende por prestaciones mínimas durante una
huelga.
Este es el punto que tiene empantanada la solución del conflicto en el sector de la Saludpública, ya que el gremio médico AMPROS insiste en que no desatenderá a los pacientes enlos 9 días de paro convocados a partir de hoy de manera escalonada. En tanto, el Ministerio deSalud pretende que sean dadas más prestaciones. El subsecretario de Trabajo, Sebastián Godoy Lemos, le llevó en mano el expediente a laviceministra nacional de Trabajo, Noemí Rial, que es quien debe convocar a la Comisión deGarantías. Dicho organismo está compuesto por un representante de la Unión Industrial, la CGT, la CTA,la Confederación de Abogados y algunas universidades nacionales. La convocatoria a la comisión tiene una serie de particularidades que hace más llamativa suintervención: es la primera vez que se constituye luego de ser creada por la ley N°25.877 del 2005,pero recién fue reglamentada en abril de este año. Es decir que no tiene experiencia alguna enresolver este tipo de planteos ni tampoco está establecido qué tiempo debería tomarse para opinar. Otra de las controversias que profundizó la pelea entre el Gobierno y AMPROS es la validezdel paro hasta que esta comisión se expida al respecto de los servicios mínimos. El Ejecutivo asegura, a través de los ministros de Gobierno, Mario Adaro, y de Salud, JuanCarlos Behler, que no pueden ser realizadas las medidas de fuerza mientras está analizándose elcaso. En cambio, desde AMPROS afirman que la medida es perfectamente legal, aún sin la opinión deeste órgano nacional. Carlos Alico, abogado de AMPROS, explicó que el llamado a la comisión está fuera de término,ya que el Gobierno debía recurrir a esta posibilidad dentro de los 5 días hábiles, a partir de lacomunicación de la medida de fuerza realizada el lunes 1 de noviembre. Pero, además, Alico aclaró que la opinión de la comisión no es un dictamen e incluso, una vezconocida, la Subsecretaría de Trabajo no está obligada a acatar lo que diga. En limpio: si se demora un día o dos meses, no cambiaría en nada la decisión del Gobierno deno discutir salarios. "Es una maniobra más para dilatar los tiempos", cerró el letrado. El Gobierno, a través del ministro Adaro, indicó que hoy habrá inspectores pasando por loshospitales para verificar los porcentajes de prestaciones. "Si no garantizan la atención, tendránsanciones, como multas o perder la personería jurídica".
