El gremio que nuclea a los profesionales de la salud emplazó al Gobierno a pagar el ítem Productividad que había sido suspendido en diciembre del 2016 tras la firma de dos decretos que establecían la emergencia sanitaria.La Justicia dio lugar al pedido de inconstitucionalidad que adujo Ampros sobre esta medida.Unos 1.700 profesionales son los que perjudicados ante el no pago de este ítem que surge cuando una entidad estatal le presta un servicio a un tercero pagador (prepaga, seguro o ART).Ante lo dictado por la Justicio el gremio pidió que se liquiden los cuatro meses que no se cobraron.


