Se movilizaron hacia la Legislatura y al Poder Judicial para pedir que se respete la norma que prohíbe el uso de cianuro para buscar minerales en la montaña mendocina, que ha sido cuestionada en la Suprema Corte por empresarios mineros.
Ambientalistas marcharon en defensa de la ley que impide la minería contaminante
Por UNO
Mientras los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tienen en sus manos el futuro de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera, organizaciones sociales y ambientalistas de la provincia marcharon este martes por las calles de Mendoza en defensa de la norma. La movilización se produjo a 24 horas de cumplirse el 5º año de la sanción de la norma en la Casa de las Leyes. La movida continuará el miércoles en las rutas de la región.
“Esto no es un festejo sino un plan de lucha” sintetizó Adolfo Nieto, de la multisectorial de Alvear. La concentración está prevista para las 10, en Vicente Zapara y Costanera, y de allí partirán rumbo a la Legislatura.
En tanto, el miércoles se apostarán en las rutas de la región para “continuar con el trabajo de concientización”, dijeron. La intención es “repartir panfletos y explicarle a la gente porque defendemos la ley”, agregó Nieto. No está previsto realizar cortes de ruta, simplemente se entregará folletería.
La norma fue sancionada luego de intensos debates entre opositores y defensores de la extracción con cianuro. Los legisladores acusaron recibo del ambiente social y decidieron priorizar el interés público por sobre el privado y dieron su aprobación el 20 de junio de 2007. Básicamente, la norma impide que se use cianuro para sacar minerales de la montaña.
Inmediatamente algunas empresas mineras, asociaciones profesionales y particulares presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una declaración de inconstitucionalidad que anulara los efectos de esta norma.
Los que protestan emitieron un comunicado para explicar porqué reclaman por la defensa de la ley:
“Hace cinco años, el pueblo movilizado en las calles y rutas, logró la aprobación de una ley central en la historia de Mendoza. La ley 7.722 surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados y ciudadanos indignados. Gracias a esta ley, Minera San Jorge y otras no lograron avanzar sobre nuestros bienes comunes.
“Desde entonces los empresarios mineros, apoyados por los gobiernos de turno, algunos medios de comunicación y lobbistas, han intentado derogarla. Para lograr sus fines tergiversan la realidad, tratando de hacernos creer que el modelo productivo provincial estaría supuestamente “agotado” y que la “solución” sería aceptar la megaminería en nuestro territorio. Al hacerlo, traicionan los esfuerzos de nuestros ascendientes que apostaron a una Mendoza con un medio ambiente sano, y organizaron un sistema productivo que hizo grande a Mendoza en la región y Argentina.
“Quienes atacan la ley 7722 han presentado proyectos ante la Legislatura para modificarla, buscando reducir su alcance y fuerza, y logrado que diversos funcionarios, intendentes y concejales salgan a defender lo indefendible. Y han pedido al Poder Judicial que declare inconstitucional esta ley que protege nuestros recursos hídricos.
“La Ley 7722 protege el agua de Mendoza pues: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la Declaración de Impacto Ambiental de los procesos mineros debe ser ratificada por ley; c) permite mayor participación de los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) exige a las empresas mineras un seguro ambiental.
“Apenas sancionada la Ley 7722 en 2007, un grupo de empresas mineras iniciaron acciones judiciales pretendiendo que fuese declarada inconstitucional. Esas 10 causas están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los Dres. Adaro, Böhm y Salvini. En los últimos tiempos, los expedientes están avanzando aceleradamente, y de un momento a otro podría ocurrir lo peor. Dada la gravedad de lo que está en juego, exigimos que las causas sean resueltas no sólo por tres jueces, sino por todos los ministros que componen la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA, RATIFICANDO la constitucionalidad de la LEY 7722.
“Ante esta grave situación, convocamos a todos los mendocinos y mendocinas, a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales y políticas, a festejar el 5º aniversario de vigencia de la ley, participando de la Marcha por la defensa de la ley 7722 y el agua de Mendoza.
“Concentraremos desde las 10, en Costanera y Vicente Zapata, para desde allí marchar hacia la Legislatura y el Poder Judicial a exigir que se respete la plena constitucionalidad de esta ley.
“¡No vamos a permitir que destruyan nuestro territorio ni a sus habitantes! ¡No Pasarán!
“¡Absoluto cumplimiento de la ley 7722! ¡Que toda la Suprema Corte de Justicia ratifique su constitucionalidad! ¡Fuera la megaminería de Mendoza y de Argentina!¡Por una sociedad más justa, sin saqueo ni contaminación!, finaliza el comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y la Coordinadora por el agua y los bienes comunes.
