Analía Boggia
El Departamento General de Irrigación negó que la resolución que dictó ese organismo en el 2000, por la cual el plazo de prescripción de una deuda pasó de 10 años a cinco, influya en el anuncio del gobernador del martes pasado sobre las expropiaciones de terrenos que adeudan el pago del derecho a riego por más de una década.
El titular del organismo, José Luis Álvarez, explicó a Diario UNO que “los 10 años de mora funcionan como un criterio de selección, es el primer filtro, pero no tienen que ver con la prescripción”.
El funcionario sostiene que el ente que preside desde hace poco más de un mes “ha intimado en todos los casos en los que hizo falta a los deudores, porque está la obligación como funcionario público de hacerlo”. Siguiendo esa lógica, no habría ninguna propiedad cuya deuda hubiera prescripto y el Ejecutivo estaría en condiciones de expropiar las más de 13.000 hectáreas que tienen mora en el pago del riego por más de una década.
Sin embargo, Álvarez no especificó qué monto corresponde a cada uno de los terrenos pasibles de ser expropiados y de volver a manos del Estado.
La explicación del titular de Irrigación llegó un día después de que se conociera que en mayo de 2000, bajo la gestión del peronista Carlos Abihaggle, ese organismo dictó la resolución 206, en la que el gobierno del agua adhirió al Código Fiscal y fijó en cinco años –y no en 10– el período de prescripción de una deuda.
Los terrenos
Pérez anunció en su discurso del 1 de mayo que mandaría un proyecto a la Legislatura para “reintroducir más de 13.000 hectáreas en el sistema productivo para potenciar la economía, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación forzosa los bienes inmuebles rurales que al 31 de agosto de 2012 registren deudas impagas ante el Departamento General de Irrigación que excedan el monto del avalúo fiscal, con más de 10 años de deuda y que se encuentren en estado de abandono productivo”.
Precisamente, Álvarez le bajó el tono a los alcances de la resolución al decir que “el primer filtro son los 10 años de mora y el segundo es que exceda el monto del avalúo fiscal”. Y agregó: “En última instancia, el gobernador mandará una ley a la Legislatura, que tiene más peso que una resolución”.
En base a un primer relevamiento, y siempre según información oficial, Irrigación estaría en condiciones de expropiar 13.226 hectáreas abandonadas, que incluyen 543 propiedades de 24 hectáreas cada una.
La mayoría de las hectáreas están en la cuenca del Atuel, en donde hay 226 propiedades morosas que suman 4.749 hectáreas. Después se ubican los terrenos que usan aguas del río Mendoza, en donde habría 124 casos de abandono y que totalizan 3.102 hectáreas.
En el río Diamante, el DGI contabilizó 115 propiedades, que suman 3.388 hectáreas que podrían pasar a manos del Estado. En el río Tunuyán inferior habría 1.297 hectáreas distribuidas en 52 propiedades, mientras sobre el Tunuyán superior hay apenas 419 hectáreas que pertenecen a 19 propietarios.
Por último, en Tupungato hay sólo 6 propiedades morosas que contabilizan 219 hectáreas y en Malargüe detectaron una propiedad de 20 hectáreas.
Detalles
-El anuncio. El gobernador Francisco Pérez dijo el 1 de mayo que el Ejecutivo expropiaría 13.000 hectáreas de propiedades rurales que al 31 de agosto de 2012 tengan deudas de más de 10 años.
-¿Freno? Irrigación dictó una resolución en 2000 que fijó en cinco años (y no en 10 años) el plazo de prescripción de las deudas. En caso de que el Departamento de Irrigación no haya intimado a alguno de los propietarios a que pague, la deuda no podrá ser cobrada, y podrían caerse algunas de las expropiaciones.
-13.226 son las hectáreas que el Ejecutivo dice poder expropiar por deudas de más de 10 años.
-226 son las propiedades que hay en la cuenca del Atuel. Reúne la mayor cantidad de tierras a expropiar.
